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“Ley Quemón” contra padres desobligados

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Legisladoras federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentarán ante el Congreso de la Unión la iniciativa “Ley Quemón”, para exhibir a hombres que evaden su responsabilidad de pasar pensión alimenticia a sus hijas e hijos, y que han sido acusados y enfrentan cargos por agresión sexual, adelantó su dirigente estatal Ricardo Miguel Medina Farfán.

Junto a la secretaria general tricolor, Galilea Balboa Nieto, destacó que con esta propuesta se busca combatir la violencia sexual y económica contra las mujeres, y proteger los derechos de la niñez. Cuentan con todo el respaldo del priísmo de Campeche, señaló.

La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri), Laura Baqueiro Ramos, explicó que se crearán dos registros. El primero será el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios.

Lamentó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados, así como el 37 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, no reciben esta pensión, con lo que el padre evade su responsabilidad.

“Hay que proteger los derechos de los niños, las niñas, y por supuesto de las mujeres; preocupa y vamos a estar pendientes cuando se presente a nivel federal la Ley Quemón, para apoyarla y apoyar a estas familias”, subrayó.

La diputada local priísta Guadalupe Torres Arango reveló que el segundo es el Registro Nacional de Agresores Sexuales, cuyo propósito es conocer si una persona ha cometido este delito contra las mujeres.

Las mujeres en niveles fuertes hemos sufrido de violencia. En 2019 ocurrieron más de mil feminicidios y para 2020 la pandemia del Covid-19 causó el 60 por ciento de violencia doméstica. Desaparecieron programas de apoyo a madres solteras y han recortado los presupuestos a instituciones dedicadas a nosotras, reprochó.

Por ello, resaltó que en el Congreso local el PRI ha presentado iniciativas para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, como el incremento de las penas para el delito de feminicidio en el Código Penal, y la inclusión de la violencia digital en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su tipificación en el Código Penal.

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