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Conflictos en Champotón

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Champotón es el epicentro de la etapa dos del Tren Maya, y los trabajos pasarán sobre superficies asentadas en los ejidos Felipe Carrillo Puerto, San Juan Carpizo, Pustunich, Villa de Guadalupe, Xbacab, Miguel Colorado, Cinco de Febrero y Lázaro Cárdenas.

En Felipe Carrillo Puerto se afectarán más de 40 hectáreas, equivalentes a unos 408 mil 931.11 metros cuadrados. El avalúo fue de 23.80 pesos por metro cuadrado y recibieron 11 millones 62 mil 671 pesos 18 centavos, bajo el concepto de derechos de vía y tierras de uso común. Sin embargo los ejidatarios no estuvieron satisfechos e hicieron renunciar al comisario Gonzalo Pool Nah para una nueva negociación, una vez que se elija a la autoridad.

Aparte hay 20 viviendas que serán reubicadas y hasta el momento no les han prometido indemnización, por lo que sus propietarios podrían sumarse a los inconformes.

En Xbacab entregaron un cheque por un millón 997 mil pesos, y no informaron el costo por metro cuadrado, por lo que hay molestia. Además, el comisario ejidal Arturo Novelo Dzib descontó 150 pesos por ejidatario y 18 mil pesos por “gastos de operatividad”. Cada ejidatario recibió seis mil 554 pesos.

En Villa de Guadalupe la situación también es tensa. El comisario Rafael Ruiz Camal fue desconocido y le retiraron el sello. Ahí se habla de siete kilómetros  de afectación y molesta que se cotizara cada metro cuadrado a 4.50 pesos. Les entregaron un cheque por cuatro millones 298 mil 499 pesos, con lo que no están conformes y han pedido al despacho Barrancos y Asociados, S.A. de C.V. aclarar el pago de indemnización por derecho de vía y transparentar el manejo de los recursos.

El ejido Cinco de Febrero recibió dos millones 500 mil pesos de indemnización  por 29 hectáreas, y el avaluó marcó ocho pesos 60 centavos por metro cuadrado, lo que no satisface a nadie, y recurrieron a la Procuraduría Agraria para nulificar las actas y contratos y que se actúe conforme a Ley Agraria. Hay además cinco viviendas a reubicar y parcelas particulares que serán dañadas, y aseguran sus dueños que Fonatur y grupo Barrientos se niegan a pagar.

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