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Fallan contra invasor del predio Sinaí

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Tras juicio civil reivindicatorio de propiedad, jueza ordenó el desalojo del terreno invadido en la Ampliación Sinaí, para devolvérselo a sus legítimos propietarios, mientras que los presuntos invasores, azuzados por líder morenista, se manifestaron en Casa de Justicia ayer por la mañana.

Tras años de litigio, la jueza tercero de lo Civil emitió el resolutivo, en que ordenó la reposición del terreno, de aproximadamente ocho hectáreas, por el que incluso han sido aseguradas y procesadas 13 personas.

Actuarios de Casa de Justicia junto con personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron este miércoles 21 de octubre a la propiedad, para llevar a cabo el desalojo, y con ayuda de un operador de maquinaria pesada derribaron dos de los predios levantados de manera ilegal.

De las dos casas, una era de láminas y madera, mientras que la segunda una mansión de concreto que mandó construir el líder de las “Abejitas” y también miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Ramírez Quintana, que pretendía politizar el asunto.

Mientras se desarrollaba el desalojo, un grupo de personas acudió a Casa de Justicia a manifestarse, aparentemente azuzadas por el citado líder.

El resolutivo fue emitido con base en el proceso civil. El propietario aportó como prueba el título de propiedad de los terrenos y otros documentos que determinaron el fallo de la juzgadora.

En medio del proceso civil algunas personas han pretendido ingresar al terreno, por  lo que en mayo del presente año personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) llevó a cabo el desalojo, acordonamiento y resguardo del predio.

En el desalojo no salieron afectadas las 300 familias asentadas en la demarcación. El predio desalojado fue únicamente del que pretendía adueñarse Ramírez Quintana, en donde forjó su residencia para pasar los fines de semana con su familia.

De las 300 familias que aún permanecen en el Sinaí, el alcalde Eliseo Fernández Montúfar les ofreció negociar los terrenos y pagárselos a los dueños, para posteriormente regularizarlos y entregar los títulos de propiedad a los invasores. Pero no cumplió su promesa.

No hubo acercamiento con los propietarios ni buscó la forma de regularizar los predios, por lo que deja indefensas a las familias, que tendrán que devolver los terrenos cuando la autoridad lo ordene.

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