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Sancionar violencia política hacia mujer

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Por incurrir en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos pueden ser sujetos a sanciones como la reducción de sus gastos de financiamiento hasta 50 por ciento, o perder su registro, además de multas por más de 800 mil pesos, pero cualquiera puede cometer estos agravios aunque no tenga cargo político o público, alertó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, en videoconferencia organizada por el Congreso del Estado.

Con el tema “El Nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, apuntó que existen de manera clara las sanciones que pueden imponerse a partidos, candidatos, ciudadanos, funcionarios, dirigentes, por estos actos, pero aclaró que cuando se trate de un tema al interior de un instituto político, se deben agotar todas las instancias partidarias.

A través de la plataforma Zoom, y difundida en las redes sociales del Poder Legislativo, en la charla la consejera del INE recalcó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias.

En cuanto a presentar una queja o denuncia ante el INE, precisó que los requisitos son nombre del denunciante, documentos que acrediten personería, domicilio para recibir notificaciones, narración de los hechos en los que se basa la queja o denuncia, ofrecer las pruebas con las que se cuente, y señalar las medidas cautelares o de protección que se solicitan.

Ravel Cuevas especificó que el INE aprobó el 31 de agosto el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que incorpora conceptos como: actuar con perspectiva de género; análisis de riesgo; estereotipo de género; interseccionalidad, perspectiva de género; plan de seguridad; víctimas directas, indirectas y potenciales; tutela preventiva y violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros.

Por su parte, Ramón Martín Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración, comentó que este nuevo reglamento significa un paso más en la lucha que la sociedad libra para erradicar la violencia contra las mujeres.

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