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Inhabilitó el SAT las contraseñas de 18 mil campechanos, acusan

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó contraseñas desde diciembre del año pasado, por lo que más de 18 mil contribuyentes del Estado no podrán facturar, ni rendir sus declaraciones, lamentó la presidenta de la Federación del Pequeño Comercio, María Candelaria González Cajún, y denunció que por una cita, personal de la dependencia federal está cobrando 200 pesos, lo que está fuera de la ley.

La lideresa comentó que el Movimiento Nacional del Contribuyente Social “17 de marzo” realizó una manifestación ante las oficinas del SAT en la Ciudad de México, para exigir que rehabilite las contraseñas, ya que los contribuyentes no podrán hacer su última declaración en enero del 2021.

González Cajún expresó que, por ley, las contraseñas se inhabilitan después de dos años de no hacer ningún movimiento ante el SAT, pero este no es el caso, ya que a pesar de la pandemia que los ha lesionado económicamente, han cumplido con el pago de impuestos.

“Las que están inhabilitando son de contribuyentes activos, por lo que exigimos una reunión de manera virtual con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, para que nos informe del por qué de esta medida, por demás arbitraria”.

La dirigenta reveló que en la agrupación que dirige son ocho los pequeños comerciantes que se han visto afectados por esta medida desde diciembre, pero en todo el Estado se estima que más de 18 mil contribuyentes serán los que no puedan cumplir con sus obligaciones fiscales por la inhabilitación de sus contraseñas.

“La alternativa que da el SAT es generar una nueva contraseña acudiendo a algún módulo, pero el caso es que por cuestiones de pandemia no hay citas, y generarla por Internet a través de la aplicación SAT-ID no es funcional, debido a que si no se cuenta con una computadora con cámara, no se puede realizar el procedimiento”.

También exhibió que, presuntamente, personal del SAT está cobrando 200 pesos a los contribuyentes para darles una cita, lo cual calificó de grave, por lo que exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomar cartas en el asunto.

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