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Impugna Biby sanción ante la Sala Regional

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Por considerar que daña su imagen ante la sociedad, pues le impuso “una sanción que como tal no se encuentra en la ley”, la diputada local Biby Karen Rabelo de la Torre impugnó ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la amonestación pública que le hiciera el órgano jurisdiccional local (TEEC), por incumplir un requerimiento de dicha autoridad.

En ese sentido, interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del acuerdo dictado el 12 de febrero en el expediente TEEC/PES/2/2020, donde se le hace una amonestación pública.

En su impugnación aseguró: “Me causa agravio la determinación adoptada por el magistrado Francisco Javier Ac Ordóñez, presidente del TEEC, ya que la amonestación pública impuesta a la que suscribe, a través del proveído de 12 de febrero del año en curso, tiene como resultado menoscabar mi derecho político-electoral a ser votada, el cual está íntimamente relacionado con mi derecho a  comparecer a un procedimiento sancionador electoral libre de violencia política por razones de género”.

Y agregó que, adoleciendo de fundamentación y motivación, Ac Ordóñez determinó dogmáticamente sancionarla con una amonestación pública, partiendo de que, a su juicio, no cumplió un requerimiento del TEEC.

Según Rabelo de la Torre, el requerimiento se sustentó en una premisa ilícita constitucionalmente pues, por segunda ocasión, el tribunal le requirió información que hizo saber resultaba imposible demostrar, “por lo que al insistir de manera tendenciosa…, se me está forzando de manera discriminatoria a pronunciarme sobre acciones sacadas de contexto que intentan tildar de antijurídicas”, lo que se traduce en violencia política por razones de género.

Lo que el TEEC solicitó a la legisladora local fue que acreditara y/o comprobara, a través de documentales u otro elemento de prueba, la manera en que pagó los apoyos que otorgó a las personas que benefició durante junio y julio del 2020, documentación que oportunamente ella expuso ser inexistente; pese a ello, insistió en requerir lo mismo “con el objeto de que la suscrita se autoincrimine sobre hechos que no fueron reconocidos en la secuela procesal”.

Reprocha a Ac Ordóñez ejercer un trato discriminatorio y desigual en perjuicio de su derecho a someterse a un procedimiento sancionador libre de violencia política por razones de género.

Y al imponerle como sanción una amonestación pública, que la ley no señala expresamente, y menos indica que deberá integrarse una lista de infractores, “salta a la vista la notoria intención de dañar su imagen ante la sociedad”.

Por lo expuesto, pidió a la Sala Regional dictar medidas de protección a su favor, por haber “sido sujeta a una dinámica sistemática de acciones injustificadas por parte del magistrado Ac Ordóñez, presidente del TEEC”.

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