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Fiscalía incurre en tortuguismo: taxistas

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Prevalece el tortuguismo del Ministerio Público para investigar las denuncias en contra del exdirector estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, protegido por la fiscal anticorrupción, Silvia del Carmen Moguel Ortiz, denunció Manuel Iris Balam, asesor jurídico de los transportistas presuntamente estafados por el exfuncionario.

Acusó que existe falta de atención y desinterés por aplicar la ley al exdirector del IET, ya que el caso no ha sido judicializado y está a punto de prescribir, por lo que advirtió que de ser así actuarán en contra de la fiscal anticorrupción, Silvia Moguel.

“La fiscal no ha sido buena policía, pues no puede ser posible que no haya integrado la carpeta de investigación a casi dos años de que se interpusiera la denuncia. La fiscal no consigue hilvanar el hilo para ejercitar la acción penal”, se mofó.

Hay falta de cuidado y atención, por no decir desinterés total por aplicar la ley, y preocupa que pueda prescribir la acción, caso en que, como víctimas, podrían ejercitar acción en contra del Estado, porque fue negligencia del Ministerio Público, al no judicializar el caso, pero primero se imputará responsabilidad a la fiscal anticorrupción, advirtió.

El abogado de los transportistas supuestamente desfalcados pidió a Moguel Ortiz anteponer su ética profesional antes de su amistad con Candelario Salomón, pues tal parece que esa es la verdadera razón por la que retrasa el proceso, queriendo que los afectados se cansen, pues no sólo hay desgaste físico y mental, sino económico, ya que al final les saldrá más caro el caldo que las albóndigas.

Será el cuento de nunca acabar —sostuvo Iris Balam—, porque necesitamos respuesta. Es probablemente a lo que la fiscal le tira, que los denunciantes se aburran y entonces suceda lo que tradicionalmente dicen que te va salir más caro el caldo que las albóndigas, por el tiempo que le están invirtiendo. Hay gente que viene del Carmen y todo eso cuesta, resaltó.

El abogado subrayó que no pueden decretar el no ejercicio de la acción penal cuando ni siquiera han terminado de realizar las pruebas que se deberían hacer, y no pueden estar buscando argumentos para justificar conductas que son injustificables, como haber defraudado a los taxistas por una cantidad millonaria.

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