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Frustran desalojo ilegal en el mercado principal

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A través de intimidación y amenazas, personal de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche pretendía desalojar de manera arbitraria las pertenencias del puesto número 45 de la zona frente del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, a nombre de la fallecida locataria, Rosa Alberta Lezama Antonio.

El afectado, Adán Martínez Lezama, hijo de la difunta propietaria, denunció que el jurídico realizó dos notificaciones en su domicilio una noche antes, tratando de justificar que le daban 24 horas para retirar las pertenencias de su local, o procederían a un desalojo por parte del personal de la subdirección encargada.

También argumentó que no existe la fundamentación correcta y apegada a la ley para que lo desalojen, ya que cuenta con todos los pagos correspondientes, y al día.

El acta del Departamento Jurídico de la Subdirección de Mercados señala: “Se ordena el Procedimiento Administrativo de Desocupación del Local y Cancelación de la Concesión, y/o permiso al contravenir las disposiciones del Reglamento de Mercados para el municipio de Campeche, y/o de imposición de medidas de seguridad, respecto del local ubicado en el puesto número 45 de la zona frente del mercado principal ‘Pedro Sáinz de Baranda’ con el giro de novedades, calzado, casetes y bultos, toda vez que no cuenta con licencia de funcionamiento desde el 2012, no renovó oportunamente la licencia de funcionamiento tal y como lo marca el artículo 17, fracción VI, de dicho reglamento”.

Martínez Lezama acusó que esto se debe a que el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MOCI) y edil con licencia, Eliseo Fernández Montúfar, los está presionando para quitarles su puesto por una supuesta venganza política. Por trabajar en las pasadas elecciones y apoyar a un partido diferente a MOCI, ahora les quieren quitar su puesto, reviraron.

“Los inspectores municipales y el jurídico de la subdirección solicitaron vía telefónica la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva; sin embargo, al no existir un oficio para que se realice de manera legal la actuación del desalojo, los elementos terminaron retirándose del lugar al no ser un acto por la vía legal”.

Junto con su hermano, Sergio Martínez Lezama, pidieron que las autoridades municipales primero fundamenten bien por qué van a desalojar, y que el jurídico no tome acciones que no le corresponden, que todo sea apegado a la ley.

“Bajo el argumento de que no hemos pagado por más de dos años nos quieren retirar, algo que no es cierto, pues contamos con todos los recibos de pago, estamos al día, pero en marzo nos clausuraron de forma arbitraria simplemente por una persecución política de Fernández Montúfar”, añadieron.

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