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Cárcel y multa a quien obligue a trabajadores a firmar en blanco

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El Congreso Estatal reformó el Código Penal del Estado para sancionar hasta con cuatro años de cárcel y multa de 152 Unidades de Medida Actualizada (UMA), que equivale a 13 mil 622 pesos, a quien obligue o condicione a un trabajador a firmar documentación en blanco en la contratación, o en cualquier momento de la relación laboral, que implique renuncia a sus derechos, o le imponga obligaciones a fin de vulnerarlos o anularlos.

En la octava sesión ordinaria, después de casi dos años de haber sido presentada esta iniciativa por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los 29 legisladores que acudieron avalaron el dictamen de manera unánime, a fin de brindar seguridad jurídica laboral a los trabajadores que pudieran ser víctimas de despidos injustificados, o renuncias anticipadas o simuladas, mediante el uso de documentos firmados en blanco con antelación como condicionante para la obtención de un empleo.

Para esto, se adicionó un artículo 241 bis al Código Penal del Estado de Campeche, para establecer: “Se equipara a la falsificación de documentos privados y se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización, al que por cualquier medio obligue o condicione a un trabajador a firmar documentación en blanco, en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, que implique renuncia a sus derechos, o le imponga obligaciones, a fin de vulnerarlos o anularlos”.

En la misma sesión, luego de modificar la fracción VI del artículo cuatro, y la fracción VIII del artículo seis de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado, con la finalidad promover y fomentar la adopción de animales domésticos que se encuentren en situación de calle o abandono, la LXIII Legislatura negó una solicitud ciudadana para usar la tribuna del salón de sesiones.

Turnaron a comisiones tres iniciativas de Morena, del PRI y de una diputada independiente relacionadas con la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, y para expedir la Ley en Materia de Desaparición de Personas para la entidad.

Así como reformas a la Ley de Educación local para el fomento del uso y aprendizaje de lenguajes incluyente como Braille, de señas, entre otros; y modificaciones al Código Penal del Estado, a fin de definir con claridad el concepto jurídico de “aborto”, y eliminar conceptos punitivos que no tienen un alcance real para sancionar dicha conducta.

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