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Quintana Roo no viola sentencia de la Corte

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Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó fundada e improcedente la queja del Estado en contra de un amparo para que Quintana Roo dote de agua potable a comunidades de la zona limítrofe con Calakmul, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Alejandro Medina Piña, advirtió que defenderán la soberanía del territorio.

Explicó que el Gobierno del Estado promovió el recurso de reclamación 1-2021 por la violación a la suspensión que ordenó la Corte, por parte del Juzgado Sexto de Distrito que validó un amparo a las localidades de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, para recibir el líquido vital de la entidad vecina, pero no ha sido notificado sobre el contenido de la sentencia.

La suspensión conlleva a que ninguno de los Estados involucrados en la controversia constitucional, recordó, realice o modifique acciones de gobierno dentro de los límites. “No se trata ni de victorias ni de derrotas pírricas en este momento. El procedimiento aún está en su etapa de desahogo, en fases periciales, entrevistando a los peritos de cada una de las partes, y tenemos que esperar que seamos debidamente notificados y sobre todo, tener pleno conocimiento del contenido de la resolución”.

Por ello, el funcionario estatal adelantó que Campeche continuará haciendo valer todos los derechos que tiene como Estado, y pugnando porque exista pleno respeto al marco jurídico, a la autonomía y a las constituciones de cada una de las entidades.

“Tenemos plena seguridad en la estrategia que conduce nuestra consejera jurídica y el asesor jurídico Álvaro Arceo Corcuera, quienes atinadamente en otras ocasiones que se han presentado este tipo de asuntos legales que tienen que ver con los límites de Campeche, ha obtenido resultados favorables”, manifestó.

Si el Gobierno de Quintana Roo realiza acciones que violenten la sentencia de la SCJN, el Gobierno del Estado emprenderá estrategias legales para defender el territorio.

Finalmente, Medina Piña sostuvo que tanto el Gobierno de Carlos Miguel Aysa González como el Ayuntamiento de Calakmul no han dejado de atender a las poblaciones que habitan en las comunidades asentadas en la franja limítrofe, y confió en que la sentencia definitiva sobre este conflicto será favorable.

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