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Para eliminar secretarías hay que modificar la ley

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La o el nuevo gobernador constitucional de Campeche puede crear, desaparecer o fusionar secretarías, direcciones u órganos descentralizados, pero tendría que modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, asentó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado Ramón Martín Méndez Lanz.

Sobre la probable reestructuración administrativa y la extinción o fusión de áreas que habría en el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, confirmó que es posible, siempre y cuando se modifique la ley por parte del Poder Legislativo.

Y agregó que la o el nuevo titular del Ejecutivo Estatal podría solicitarlo a la LXIII Legislatura o a la LXIV, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre.

“No tiene absolutamente nada de malo si se modifican o si se crean áreas, lo importante es que se cumpla con los requisitos legales, modificar la Ley Orgánica del Estado, específicamente la parte del Ejecutivo”.

Por otra parte, el también coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Estatal opinó que la Consulta Popular “Juicio a Expresidentes”, que se realizará el próximo 1 de agosto, no tiene ni provecho ni beneficios, y desaprobó la millonaria cantidad que está destinándole el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es una consulta que no trae ni un provecho, en mi punto de vista, ¿cuál es el beneficio que trae a los ciudadanos después de haber tenido una elección reciente?”, arremetió el legislador local, al considerar que el recurso que se le destinará, debería ser canalizado a actividades productivas, dinamizar la economía, o reforzar los temas de salud.

Y añadió que no ha decidido si participará o no en este ejercicio ciudadano, pues si bien las expresiones populares van en el sentido de que todos los mexicanos deben manifestar su opinión, consideró que “hasta hoy, no le veo algo de provecho”.

Méndez Lanz también aceptó que desconoce si la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) sancionó a entes públicos que no solventaron observaciones en las cuentas públicas, pues no requiere la aprobación del Congreso.

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