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Congreso Estatal dejó a ciudadanas sin derecho a decidir sobre su cuerpo

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El Congreso del Estado dejó a las campechanas sin el derecho a decidir sobre su cuerpo y, principalmente, si desean o no ser madres, tras la reforma constitucional provida que aprobó con el aval de siete de 11 ayuntamientos, condenó la secretaria estatal de Agenda Social del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Teresa Santos Gómez.

Junto al dirigente estatal perredista, José del Carmen Segovia Cruz, lamentó la decisión de los legisladores locales de quitarle a las féminas la oportunidad de elegir si dan vida o no, al asegurar que los problemas de salud, educación, económicos y sociales, las coloca en una posición de vulnerabilidad extrema, y se pronunció a favor del aborto seguro.

Por ello, repudió que la LXIII Legislatura local niegue a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, al aclarar que en muchos casos la decisión de abortar viene acompañada de varias problemáticas, “y nadie debería cuestionar o señalar como algo adecuado o no”.

Por su parte, Segovia Cruz exigió que se denuncie, investigue y sancione con todo el peso de la ley a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que han torturado a ciudadanos, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam).

“Si hay casos de tortura que Derechos Humanos ya identificó, antecedentes, un historial, elementos, hay que denunciarlo; y si fue una autoridad, hay que denunciarla, o a los responsables”.

Y aclaró que, independientemente, de que los sujetos torturados hayan sido políticos o ciudadanos, se deben iniciar los procedimientos legales para esclarecer y determinar si se cometió o no dicho ilícito.

Para finalizar, el líder perredista minimizó la Consulta Popular “Juicio a Expresidentes” que se realizará mañana, y adelantó que no participará, pues opinó que si el Gobierno Federal tiene elementos para proceder en contra de los exmandatarios por la comisión de algún delito, debe denunciarlos para que se investigue y sancione, y no someter la ley a la opinión de la ciudadanía.

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