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Lío limítrofe sigue en desahogo de pruebas

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Si bien la controversia constitucional por el lío limítrofe se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno de Campeche atendió el exhorto del Congreso de la Unión para solucionarlo a través de un convenio amistoso, y está a la espera de la respuesta de sus homólogos de Quintana Roo y Yucatán.

Así lo informó la consejera jurídica, Olivia del Carmen Rosado Brito, al comparecer ante diputados del Congreso del Estado para la glosa del VI Informe de Gobierno en el Eje 4 “Gobernabilidad y Protección Ciudadana”, y asegurar que el asunto territorial se atiende puntualmente por instrucciones del gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Recordó que a través de la Comisión de Asuntos Limítrofes se han presentado tres paquetes de pruebas documentales en 2019, 2020 y 2021, sobre los actos de Gobierno que por años han realizado el Estado y los municipios, y que acreditan el ejercicio de la soberanía sobre el territorio en disputa.

Rosado Brito explicó que ya se desahogaron las pruebas lingüísticas, históricas y arqueológicas; faltan las topográficas, geodésicas, cartográficas y de geoposicionamiento, donde la Consejería Jurídica y los peritos de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) serán pieza clave para demostrar y ratificar la extensión territorial que Campeche ha detentado desde 1863.

La funcionaria estatal alertó que mover el Punto de Unión Territorial (PUT) afectaría a Campeche y su territorio con jurisdicción en los municipios de Hopelchén y Calakmul, abarcando 79 congregaciones con una población de 22 mil 149 personas aproximadamente, y una superficie de cinco mil 119.37 kilómetros cuadrados.

No obstante, aseguró que el caso no está desahuciado, y se integra por un incidente de suspensión, tres cuadernos de prueba, un recurso de reclamación, un recurso de queja por violación a la suspensión, y una aclaración de resolución relacionada también con la suspensión.

Por último, resaltó la elaboración del Proyecto de Convenio Amistoso con el Estado de Yucatán, con el que la Secretaría General de Gobierno (Segob) contestó al exhorto del Congreso de la Unión, y espera pronta respuesta.

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