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Seguirá Lavalle Maury en prisión preventiva

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El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México señaló que Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador por el Partido Acción Nacional (PAN), enfrenta un proceso penal debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de recibir un presunto soborno de 97 millones 190 mil pesos, y por “lavar” 52 millones 390 mil pesos, recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo anterior, como parte de los actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el sexenio anterior.

El pasado martes, el juez Antonio González le negó el amparo al exfuncionario del PAN contra la prisión preventiva que le dictaron el pasado 9 de abril por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Estimó que existe riesgo de fuga y evasión de la justicia por su poder económico, bienes e inmuebles, por las facilidades que han existido para abandonar el país y su pasaporte vigente, pues se sabe de al menos 18 entradas y 21 salidas.

“Se tiene registro que en sus declaraciones fiscales reportó una suma superior a los 26 millones 903 mil pesos, mientras que en las patrimoniales, en los ejercicios 2012-2018 sumas por ingresos superiores a los 14 millones 900 mil pesos”.

En su resolución, el impartidor de justicia apuntó que la FGR acusa a Lavalle Maury de cohecho, ya que en calidad de senador, en el periodo de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió en efectivo al menos 97 millones 190 mil pesos que le entregaron en los domicilios de avenida Paseo de la Reforma, esquina calle Milán, de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en contraesquina de la sede del Senado; así como en el ubicado en calle Montes Urales número 425, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, ambos en la Ciudad de México.

Según la sentencia, el soborno fue con la finalidad de que, en ejercicio de sus funciones como senador, promoviera y emitiera su voto a favor del dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia energética y leyes secundarias.

La imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita fue debido a que en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014, Lavalle Maury obtuvo recursos dentro del territorio nacional por al menos 52 millones 390 mil pesos mediante diversas entregas de dinero en efectivo. Lo anterior, con el conocimiento de que dichos fondos procedían de una actividad ilícita.

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