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Endurecen penas por varios delitos

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El Congreso reformó el Código Penal del Estado para castigar hasta con 10 años de cárcel al servidor público que difunda material judicial reservado o confidencial de víctimas de algún hecho delictivo, aumentó la penalidad a cinco años de prisión por robo a casa habitación, y hasta cuatro años a quien compre piezas o motores de lanchas robadas.

En la tercera sesión ordinaria sometieron al pleno los dictámenes de tres iniciativas que dejó pendientes la pasada Legislatura, relacionadas con modificaciones a diferentes artículos y disposiciones del Código Penal local, que en su momento promovieron diputados del PRI y Morena, entre ellos la morenista Teresa Xóchitl Pitzáhualt Mejía Ortiz.

El pleno se pronunció a favor de reformar el artículo 307 del marco punitivo local para imponer 10 años de prisión y multa de hasta 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 13 mil 443 pesos, al servidor público que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, imágenes, audios, videos o documentos que obren en una carpeta de investigación, o en un proceso penal.

Con ello se busca garantizar la dignidad de las personas que desafortunadamente sean víctimas de algún hecho delictivo, especialmente las de aquellas que como consecuencia del mismo pierdan la vida, quedando expuestas a la exposición mediática.

Los 35 diputados del PRI, Morena, MOCI y PAN respaldaron el dictamen por el cual se modificó el artículo 194 del Código Penal del Estado, con la finalidad de incrementar a cinco años de prisión la penalidad máxima en robo a casa habitación, aunque cabe destacar que el hurto en esta modalidad es agravante, por lo que los acusados pueden recibir pena adicional, dependiendo del tipo de ilícito.

Los legisladores reformaron el párrafo primero del artículo 218; los párrafos segundo y tercero, y adicionaron un párrafo cuarto al artículo 219 del Código Penal del Estado de Campeche, para incluir en el código sustantivo penal como sujetos del delito de encubrimiento por receptación a las personas que adquieran, en todo o en parte, motores de embarcaciones marinas de procedencia ilícita, lo cual será castigado con hasta cuatro años de prisión, y multa de 17 mil 924 pesos.

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