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Cierran Seduopi por brote, no por protesta

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Por el brote de Covid-19 en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) fueron suspendidas las labores, y será hasta el próximo lunes cuando el personal regrese a sus funciones presenciales, informó su titular, Karla Gelisle Sánchez Sosa, y descartó que la medida se haya tomado para suspender alguna manifestación por la circular donde se notifica al personal que sólo se le permitirá laborar 18 horas extras como máximo.

La funcionaria estatal aclaró que en la Seduopi no ha habido despido alguno de trabajadores, y tampoco se han pedido renuncias, como se ha señalado en redes sociales, empero sí se ha puesto a disposición a algunos exfuncionarios de primer nivel, como es el caso de Álvaro Buenfil, sobrino del exsecretario Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, quien se negaba a renunciar.

Y resaltó que el pago de horas extras se respeta al 100 por ciento, así como las condiciones laborales recibidas y la cobertura de compensaciones, con excepción de los trabajadores de primer nivel, quienes no tienen derecho a cobrar las primeras.

En cuanto al cierre de las oficinas, mencionó que se debió a la total sanitización del edificio, pues se detectaron cuatro casos positivos de coronavirus, dos de ellos en oficinas.

Pese a ello, este jueves Sánchez Sosa y Buenfil Montalvo firmaron el acta de entrega-recepción con el que arranca formalmente la revisión de lo recibido y la actuación de la dependencia en manos del exsecretario.

“Se cuenta con 15 días hábiles para hacer las observaciones, y dicho proceso concluye en ese plazo que servirá para revisar los 43 anexos, saber si hay observaciones, iniciar procesos de revisión y solicitar las auditorías correspondientes”.

Sánchez Sosa expresó que al concluir dicho periodo, la actual administración podrá señalar las anomalías, o si se realizó una entrega apegada a la ley o no.

Cuestionada por las denuncias realizadas y si se incluiría a los exgobernadores Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González en ellas, respondió que hay procesos que marcan líneas de responsabilidad legal.

“Es la Secretaría de la Contraloría (Secont) la que dicta la línea legal, y si hay algo que denunciar, así se hará”.

En cuanto a la posibilidad de continuar con la Ciudad Administrativa, obra en la cual se han erogado 790 millones de pesos, asentó que hay el compromiso de analizar el costo–beneficio de realizarla.

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