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Es discriminatoria la Ley de Escoltas

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Diputados de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano (MOCI) reformaron la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche o “Ley Guarura”, sin eliminar por completo el privilegio a exgobernadores de gozar de protección y seguridad con cargo al erario público, ya que se dejó como facultad de la “autoridad en turno” decidir si los exfuncionarios continúan o no recibiendo tal beneficio.

En la cuarta sesión ordinaria, la Mesa Directiva de nueva cuenta alcanzó votación unánime del Pleno respecto al dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de la Convencionalidad, y la de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, las cuales son presididas por dos priístas, pero que en su mayoría integran morenistas, relativo a la iniciativa preferente para reformar el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Aunque se justificó que el propósito de esta reforma es reorientar el gasto que actualmente se destina a las medidas de protección de las o los exservidores públicos estatales y municipales, a fin de garantizar mejores acciones en seguridad pública, se dejó la salvedad de este privilegio para exfuncionarios siempre y cuando lo decidida la autoridad en turno.

Con la modificación se determinó que sólo recibirán protección la gobernadora o gobernador, los titulares de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, el fiscal general del Estado, aquellos funcionarios que se desempeñan en área de seguridad y también alcaldes.

En el primer párrafo del artículo 72 se precisa que “las autoridades competentes del Estado, de así requerirse, dictarán medidas para la protección de la gobernadora o el gobernador del Estado, de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado, así como de aquellas o aquellos servidores públicos estatales que, en razón de sus funciones de seguridad pública, así lo requieran. Estas medidas se brindarán sólo durante el tiempo de su encargo”.

El tercer párrafo determina que “no se podrán asignar medidas de protección, de cualquier tipo, a exservidoras y servidores públicos estatales y/o municipales, así como la asignación de bienes que formen parte del patrimonio estatal y/o municipal y cuyos costos sean cubiertos con presupuesto estatal y/o municipal”.

En este mismo párrafo subrayaron una excepción con facultad discrecional para el Ejecutivo Estatal, pues se añadió que “se exceptúa de esta disposición a las y los servidores públicos que, por causa justificada o por situaciones de riesgo, requieran las medidas de protección al concluir su encargo, las cuales, en todo caso, serán valoradas y autorizadas por las autoridades competentes”.

Se añadió que “bajo ninguna circunstancia se permitirá que los recursos humanos y materiales destinados a la protección, sean utilizados para atender asuntos personales o de cualquier índole, salvo lo relacionado con la función de seguridad”.

En los transitorios “se fijó un plazo no mayor de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, para los recursos humanos y materiales que fueron asignados a exgobernadoras o ex gobernadores y a extitulares de la administración pública estatal, así como a los demás servidores públicos que con motivo de su encargo gocen de las medidas de protección, deberán reintegrarse a la secretaría correspondiente y 30 días naturales en sus cónyuges o familiares”.

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