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Se encareció Ciudad Administrativa 80%

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Al denunciar sobrecostos en la edificación de la “Ciudad Administrativa”, que fue presupuestada originalmente en 500 millones de pesos y podría terminar costando más de 900 millones, la diputada local morenista Elisa María Hernández Romero pidió las comparecencias de los titulares de la Auditoría Superior del Estado (Asecam) y de la Secretaría de la Contraloría, Alejandro Arcila Rodríguez de la Gala y María Eugenia Enríquez Reyes, a los que exigió iniciar procedimientos de responsabilidades por presuntas irregularidades, omisiones, errores, excesos y corrupción.

A nombre de su grupo parlamentario, Hernández Romero presentó el punto de acuerdo para solicitar la presencia en el Congreso de los titulares de la Asecam y de la Secont, para que aclaren sobre la construcción de la Ciudad Administrativa y se instrumenten  procedimientos de responsabilidad a que haya lugar.

Ciudad Administrativa, indicó, es la obra más emblemática del pasado Gobierno del Estado y pudiera ser de los más grandes desfalcos y engaños a costa del dinero de los campechanos. Es una obra con más preguntas que respuestas, que integra irregularidades y omisiones, errores y excesos, que dan pauta a presumir que el gran trasfondo de todo es la corrupción.

Ese ambicioso proyecto inicialmente se previó con inversión cercana a los 500 millones de pesos, en que se contemplaban cuatro edificios nuevos, con instalaciones modernas, funcionales, incluso con dos estacionamientos vehiculares. La primera fase de esta obra debió estar lista en el primer semestre de este año, y no sólo no cumplieron, sino que el costo se elevó a 900 millones, lo que pone en entredicho los trabajos, presupuestación y manejo de recursos, porque aumentó 80 por ciento del costo original.

Es necesario analizar y revisar lo que sucede con la Ciudad Administrativa, que tuvo como objetivos reducir gastos de renta del Gobierno del Estado y concentrar la mayoría de sus oficinas, apuntó. Pero es un objetivo inválido, porque no se ve para cuando será concluída.

Pedimos tener claridad de las actuaciones de las instancias responsables de supervisar el correcto manejo de los recursos públicos, continuó. Porque, cómo es posible que en una obra de tal naturaleza no se tenga certeza de la situación jurídica del bien inmueble o terreno, el mecanismo de adquisición, los dictámenes de Protección Civil y medio ambiente y los parámetros legales para personas con discapacidad y viola por completo los protocoles de construcción desde el inicio.

Supuestamente había avances financieros del 96 por ciento y físicos del 98 por ciento, lo que evidentemente no es acorde con la realidad. Por ello se cuestiona a las instancias competentes y de les pide realizar auditorías y procedimientos indagatorios para supervisar las actuaciones de los servidores públicos, la validez de los acuerdos y en su caso, de existir elementos desapartados de la legalidad, iniciar los fincamientos de responsabilidades, subrayó.

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