Destruyen policías invasión en Lerma

Policías ministeriales de la Fiscalía General de Campeche, antimotines de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y empleados del Gobierno del Estado desalojaron a unas 115 familias de la invasión “Tierra y Justicia“, ubicada en Lerma, y con maquinaria pesada derribaron decenas de chozas de palos y cartón y algunas de bloques.

El desalojo comenzó la mañana del martes 19 de octubre, tras orden de un juez, y se prolongó hasta ayer, cuando los elementos policiacos cercaron el área de la invasión a predios del Gobierno del Estado, donde no dejaron salir a quienes aún estaban en sus chozas y no permitieron ingresar a los que habían acudido a trabajar. El operativo dejó a decenas de personas, principalmente niños, adultos mayores y mujeres, a pasar la noche a la intemperie en medio de la lluvia.

El representante de la invasión “Tierra y Justicia”, Antonio Damián García, informó  que están en esta zona desde hace 10 años, y que el pasado martes personal de la Fiscalía les dijo que el desalojo sólo sería en los terrenos ubicados a espaldas del campo de tiro de la Academia de la Policía, por representar un peligro para los asentados.

Pero ayer más de 150 elementos de seguridad entraron al lugar para extender el desalojo de varias hectáreas aledañas. Con actitud amenazante y la instrucción de que abandonen el lugar en menos de 24 horas, les advirtieron que de lo contrario serían detenidos.

Damián García indicó que en la invasión hay más de 115 familias y en cada hogar —censado por el Inegi— habitan de tres a siete miembros entre niños, jóvenes y adultos de hasta 95 años de edad.

Los terrenos pertenecen al Gobierno del Estado y hay libertad de gravamen, lo cual se confirmó en diciembre de 2020 en la Ciudad de México. En su momento hubo acercamiento en el Congreso local, con diputados de la pasada Legislatura que se comprometieron a gestionar para que adquieran legalmente sus lotes. También acudieron a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) para obtener un registro formal de la colonia, que colinda con los terrenos del Country Club y detrás de las inmediaciones de Ecosur.

“Estamos luchando por un pequeño patrimonio. No tenemos a dónde ir. Hay familias con dos o tres hijos, y lo que queremos es respuesta. No queremos que nos regalen los terrenos, porque sabemos que va a tener un costo. Vivimos al día y no es justo que vengan a destruir nuestras láminas, y todo lo que construimos”, expusieron los afectados.

Los elementos de la PEP se atrincheraron en los cuatro accesos a la zona e impidieron el ingreso o salida de los invasores, incluso para ir a comprar alimentos y agua.

Destrozan todo

Las casas ubicadas a espaldas del Country Club y la Academia de Policía fueron  las primeras en ser demolidas, con apoyo de una retroexcavadora “mano de chango” y máquinas de menor tamaño. Les pasaron encima y destruyeron todo  a su paso, incluso árboles y sembradíos de maíz.

Los elementos policiacos con machetes y motosierras cortaron las bases que sostenían las casas, mientras que dos cuadrillas con al menos 60 trabajadores de la  Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) apoyaron en la destrucción de la comunidad.

Bloquearon el paso de quienes adquirieron los predios o los que pretendían recuperar sus pertenencias, como herramientas de trabajo, tanques de agua, maderas, postes, alambres, ropa, colchones y hamacas, entre otros artículos personales. Pero no fue posible ingresar.

Con camionetas y patrullas los elementos de seguridad, algunos con pasamontañas y armas largas, informaban que no se podía retirar ningún objeto dentro o fuera de las casas, hasta que fueran demolidas, lo que enojó y produjo el  llanto a las humildes familias, que de la noche a la mañana perdieron todo su patrimonio.

Pese a que los colonos pidieron la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), no se presentó ningún observador. También demandaron hablar con la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para pedirle alguna alternativa de solución al problema. “Somos morenistas, hace pocos meses vinieron hasta acá a pedirnos el voto, y de esta manera nos pagan”, reclamaron mujeres con niños en brazos y casi ahogadas por el llanto.