Al justificar el operativo en que fueron destruidas decenas de viviendas en el asentamiento irregular “Tierra y Justicia”, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román señaló que “sería un mal mensaje que permitiéramos que se invadiera un predio que es de la Policía”.
En tanto, el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Constantino Toledo Jamit, justificó que no son 115 familias las desalojadas, sino 60. Además, “no todas tenían vivienda ahí, y la mayoría tenía carros modernos e iban y venían”.
Sansores San Román manifestó que no permitirán que se invadan los terrenos de la Policía, y aseguró que las familias están en todo su derecho de interponer una denuncia en contra de la persona que los engañó e incluso solicitar la reparación del daño.
Las invasiones, expuso, sólo generan incertidumbre en los campechanos y en los inversionistas, si no, nadie va a querer venir a invertir, porque cualquiera puede entrar a tu terreno. No vamos a permitir las invasiones, y esto es nada más un mensaje muy claro.
Se dialogó con algunas familias, adujo, con quienes se acordó su salida de manera pacífica, e incluso personal del Gobierno del Estado las ayudó a sacar sus pertenencias.
Sansores San Román señaló que los afectados denunciaron que un habitante de Lerma fue el que les otorgó los terrenos, por lo que están en su derecho de interponer una demanda ante la Fiscalía, a fin de iniciar las investigaciones y fincar responsabilidades, y en caso de que los afectados lo soliciten, exigir la reparación del daño.
Esta gente les estuvo cobrando al parecer un dinero, diciéndoles que ahí podrían establecerse. Esto hay que hacerlo notar. La gente tiene que checar muy bien, no cualquier terreno va a estar disponible, no preguntan en el Registro Público de la Propiedad, entregan el dinero sin un papel que realmente los esté amparando. De cualquier manera, vamos a recibir sus denuncias y sobre eso vamos a seguir las investigaciones, aseveró.
El Gobierno del Estado no puede dotarlos de viviendas propias, pero sí pueden adquirir una de las ocho mil que otorgará el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), justificó.
Por su lado, Toledo Jamit acotó que “toda invasión es una irregularidad” y advirtió que se procederá legalmente en contra de quien engañó a las familias que invadieron el terreno, propiedad de la Policía, ubicado en Lerma.
Lamentó que existan personas que a base de engaños promuevan los asentamientos irregulares. Que engañen a gente con muchas necesidades, que los han llevado a base de mentiras, les han cobrado cuotas y rentado los terrenos, que ni siquiera son de las personas que las fomentan.
Eso se va a terminar, advirtió, por lo que se promoverá un programa de vivienda intensivo para ayudar a estas y otras familias que han resultado timadas. Ustedes vieron por ahí que en los últimos años, no sé si en los últimos siete u ocho años, se han construido alrededor de tres mil casas. Hoy el programa de vivienda va a ser más agresivo. Esa es uno de las misiones de este Gobierno, prometió.
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