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Fueron retirados por su seguridad

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“Muchas de las casas que se encontraban en despojo pasaban por la línea de tiro del Campo de Tiro de la Policía, por lo que había que retirar a la gente para preservar su seguridad y su vida”, justificó el fiscal Renato Sales Heredia en relación con el desalojo del martes 19 de octubre en Lerma, Campeche.

Reveló que en la Fiscalía General del Estado de Campeche sólo está la querella del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado por despojo de bien inmueble, por el cual se abrió la carpeta de investigación y se llevó a cabo su recuperación.

Hasta el momento no hay querellas ni por el supuesto abuso policiaco ni por fraude, en contra del hombre que presuntamente vendió a los invasores terrenos que no eran suyos.

Fueron desalojadas y destruidas cerca de 60 viviendas, 15 de block y 45 de madera con techo de láminas de zinc, que se ubicaban en terrenos propiedad del Gobierno del Estado, específicamente de la Academia de Policía.

“Por estado de necesidad justificante, es decir, si están en la línea de tiro y hay una práctica de tiro y no se retira a las personas y acontece, infortunadamente, una desgracia, ¿quién sería responsable si no se retira a estas personas por omisión?”, cuestionó. “Sería responsable el Gobierno del Estado —continuó— y no queremos que eso suceda. Se les explicó y se les retiró”.

Sales Heredia aseguró que días antes del desalojo no sólo hablaron con las personas de que tenían que desocupar los terrenos, sino que las ayudaron a sacar sus pertenencias. No hubo enfrentamiento, ni heridos ni detenidos durante el operativo.

También habían invadido otro terreno aledaño al campo de tiro que se vinculó igualmente a la carpeta de investigación, y se les dijo que era necesario que se salieran.

El funcionario invitó a los afectados a interponer formal querella en contra de la persona a la que le pagaron para invadir un terreno que es del Gobierno del Estado. Tras desocupar los terrenos, permanecerán bajo resguardo de la policía y la Fiscalía en lo que continúan con las investigaciones, indicó.

Desilusionados, pues el cambio era para bien…

Desilusionados y sin acuerdos se retiraron del Palacio de Gobierno los vecinos de la colonia “Tierra y Justicia”, que en Palacio de Gobierno pretendieron entablar diálogo con la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y no fueron atendidos. “Que nos digan por qué nos están tratando de esa manera, si el cambio iba a ser para bien, no para mal…”, criticaron.

Una veintena de personas que aseguraron eran vecinos de “Tierra y Libertad”, llegó como a las 10 de la mañana al Palacio de Gobierno para denunciar las agresiones que sufrieron el miércoles a manos de elementos de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que fueran desalojadas.

Encabezados por Elías Ventura Ramírez, denunciaron que pese a que dialogaron con autoridades estatales, no hubo respuesta positiva, y sólo  los mandaron a Derechos Humanos.

Tuvimos una entrevista con Hugo Calderón, subsecretario de Gobierno, y con Arturo Aguilar. Se trató el punto del desalojo, y argumentaron que lo que saben por las redes sociales, es que el operativo fue ordenado porque los terrenos son colindantes con la policía. Por eso el peligro inminente.

Les pedimos que nos digan de dónde proviene el desalojo, quién es el supuesto afectado para llegar a un acuerdo y ver cómo se puede subsanar esto de pagarle a las personas que están reclamando el terreno. No hubo respuesta. No hay congruencia con las promesas de cambio.

Nos atrevimos a decir que sí hubo exceso de autoridad y de fuerza en el desalojo. Y entonces nos respondieron que fuéramos a Derechos Humanos a presentar nuestras quejas, señalaron.

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