Urge ley nacional para delitos de corrupción

Urge una ley nacional para atender los delitos de corrupción en el país, pues cada entidad tiene su propia normativa, lo que dificulta la capacitación, asentó la fiscal especializada en el Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam), Silvia Moguel Ortiz, y reveló que ya están en pláticas con legisladores del Congreso de la Unión para formular la iniciativa.

“Las instituciones están bien, haría falta una ley nacional, porque tenemos muchas diferencias en los delitos; se tramita en un Estado de una forma, y en otros de manera distinta, y eso dificulta mucho la capacitación”.

Ejemplificó que la Confederación Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa) imparte cursos de capacitación al personal de las fiscalías locales; no obstante, las diferencias en los delitos dificultan su aprovechamiento.

“Nos quieren dar la capacitación sobre delitos, pero no son los mismos, ni se llaman igual, en Campeche que en Quintana Roo, Yucatán o la Ciudad de México, sino que vienen con un nombre distinto, y en ocasiones hasta elementos diferentes”.

Por ello, la funcionaria estatal consideró que sería benéfico no solamente para la Feccecam, sino para los hechos de corrupción y en sí para todo el derecho penal, contar con una legislación nacional, como un Código Penal Nacional.

“Hasta los delitos que se han modificado, en los que se tiene la prisión preventiva oficiosa en materia de corrupción, algunos no lo traen, en el de nosotros tienen otro nombre, otra estructura, entonces sería conveniente eso”.

Y resaltó que actualmente las y los fiscales anticorrupción de las 32 entidades del país que conforman la Conafa, están en pláticas con legisladores del Congreso de la Unión para formular la iniciativa, y que sea presentada ante los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues reiteró que ayudaría mucho a la investigación de los delitos.

Por último, Moguel Ortiz expresó que no sería un cambio estructural del organismo, pues continuarán tramitando todos los asuntos y con las mismas líneas de investigación para los delitos que denuncie la ciudadanía.