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Critican designación del nuevo vicefiscal

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La designación de Arturo Bravo Muñoz, hijo de la secretaria de Seguridad Pública de Campeche, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, como nuevo vicefiscal de Asuntos y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Campeche, fue severamente cuestionada por el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso, diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, que lo catalogó como “antiético e inmoral”.

Arturo Bravo Muñoz rindió protesta el pasado 18 de noviembre como miembro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CocodiI) de la Fiscalía que preside Renato Sales Heredia. Tiene a su cargo recibir e investigar las quejas que la ciudadanía presenten ante posibles omisiones, abusos de autoridad o falta de ética profesional del personal de esta dependencia, tanto ministerios públicos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), administrativo o peritos.

La secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, tiene además a su hija Samantha Bravo Muñoz, como directora de la Policía Municipal de Carmen.

Al respecto, el diputado Medina Farfán expresó que la incrustación de los hijos de la secretaria de Seguridad Pública (Sspcam) en cargos públicos es antiético, y consideró que la Secretaría de la Contraloría debe investigar este caso de nepotismo.

“Independientemente de que pueda constituir un acto de nepotismo, o que pudiera ser irregular en términos de ley, evidentemente es un acto fuera de toda ética”, arremetió. No es pertinente ni adecuado, desde el punto de vista de la seguridad, que una sola familia tenga responsabilidades tan importantes en un tema que es fundamental para todos los campechanos, justificó.

“El hecho de que la secretaria de Seguridad Pública, y al mismo tiempo sus familiares directos sean los titulares de Seguridad Pública en Carmen y ahora también de la Vicefiscalía, evidentemente representa un riesgo muy relevante y peligroso, incluso en términos de seguridad para nuestra entidad”, reiteró.

Alertó que algún tipo de amenaza, coacción, extorsión o, incluso, de mala actuación por parte de estos funcionarios públicos, impactaría grave y sistemáticamente en instituciones fundamentales de Campeche. Por ello, sostuvo que estas designaciones deben ser investigadas y revisadas ampliamente por la Contraloría, y pidió a las autoridades estatales evaluar su conveniencia, más allá de si se trata de algo legal o no.

En términos de estrategia para la seguridad, pone en riesgo a todos los campechanos que valoramos evidentemente el gran esfuerzo que gracias al trabajo del gobierno y de la sociedad, hemos hecho todos para mantener un clima de armonía y paz social en la entidad, subrayó. Como no queremos que el clima actual se pierda, es que demandamos que se corrijan las decisiones de este tipo.

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