La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) acumula el 47.2 por ciento del total de quejas por abusos y violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos, mientras que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) recibió el 32 por ciento, según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), que precisa que las detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad son las quejas más frecuentes.
La presidenta de la Codhecam, Ligia Nicte-Há Rodríguez Mejía, puntualizó que las dependencias más denunciadas en 2021 fueron la Fgecam y la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora SPSC, con 174 y 118 quejas en contra, respectivamente.
Las causas fueron principalmente por detención arbitraria y privación ilegal de la libertad, algo que la gente no pasa inadvertido e interpone la queja; en contra de la Fiscalía fueron también por violación y procuración de justicia, pues sus expedientes ya tienen mucho tiempo y no hay avance legal, son asuntos muy sensibles.
“Lamentablemente, cuando las personas a veces son víctimas o se trata de una violación a derechos humanos, no siempre tienden a denunciar, a menos que sean situaciones muy radicales. Las denuncias más frecuentes y cotidianas son por abuso de autoridad y ejercicio arbitrario de la fuerza”, refirió.
En 2020 se radicaron 238 quejas en total, y para 2021 aumentaron a 368. La diferencia, estimó, radica posiblemente en que en 2020 hubo medidas preventivas que reducían la movilidad para evitar contagios de Covid-19, pero la Comisión nunca dejó de atender a través de medios electrónicos al correo cdhec@hotmail.com, telefónicos, e inclusive hasta cuestiones de personas en condiciones de vulnerabilidad las atendió presencialmente.
La ombudsperson campechana detalló que, además, atendieron a más de 28 mil personas a través de las actividades preventivas, ya que el organismo a su cargo brinda dos tipos de servicios: el preventivo y el reactivo; el primero son los relacionados con la promoción, difusión, capacitación, enseñanza, posgrado, en materia de derechos humanos. El año pasado asistieron a más de 28 mil usuarios mediante actividades preventivas.
Los servicios reactivos son cuando la gente pide orientación, gestoría, atención, o da a conocer una probable escena de derechos humanos, y en este rubro se radicaron 741 asuntos, entre quejas y legajos.
Rodríguez Mejía aclaró que no todas las atenciones van relacionadas a presuntas violaciones de derechos humanos, que es lo que más se conoce del organismo, las gestiones específicamente se atienden con legajos, porque no se abandona a la gente. Por tratarse de grupos socialmente vulnerables, la Codhecam no es insensible, sino abriga, arropa, acompaña y abre legajos.
“Del total de asuntos atendidos, hay muchos que no necesariamente son violatorios de derechos humanos, sino se trata de personas que requieren asesoría jurídica o gestión, o alguien a quien le tramiten un acta de nacimiento para sus niños que la giran a otros Estados, o alguien que pertenece a un colectivo indígena y no sabe a dónde acudir para tramitar a un defensor de oficio”, explicó.
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