Tribuna Campeche

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Resguardados, cómplices de Fernández

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Tras la fuga de Eliseo Fernández Montúfar por la orden de aprehensión librada por el presunto delito de peculado, diputados locales de Movimiento Ciudadano, involucrados y señalados en las investigaciones, como Paul Arce Ontiveros y Mónica Fernández Montúfar, que fungieron como secretario de la Comuna y presidenta del DIF Municipal, se han negado a responder cuestionamientos y no fijan sus posturas.

Ambos legisladores no responden a llamadas o mensajes de texto, y en sus redes sociales desde que se confirmó la información de que Fernández Montúfar cuenta con una orden de aprehensión, no registran mayor actividad. Sólo han posteado contenidos de la campaña de persecución política de Morena y del Gobierno de Layda Sansores en contra del excandidato a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano (MOCI).

El actual coordinador del grupo parlamentario de MOCI, Paul Arce, fue el brazo derecho de Fernández Montúfar, al desempeñarse como secretario del Ayuntamiento de Campeche, y cuando se separó como presidente municipal para competir por la gubernatura, le dejó el cargo de alcalde sustituto, y al parecer está entre los involucrados en las investigaciones por presunto peculado.

Hasta el momento no ha fijado postura y no se la ha visto en actividades públicas. Como integrante de la Diputación Permanente, debe asistir a las sesiones en este receso legislativo, pero no han sido convocados.

Por su parte, la diputada local Mónica Fernández Montúfar, hermana de Eliseo, una de las involucradas en el pago a un contratista para realizar la remodelación de una propiedad de su familia con recursos públicos, que se hizo desde el DIF Municipal, que estaba a su cargo, permanece callada. Su última aparición pública fue en el Congreso local cuando acudió a la Oficialía de Partes para entregar una iniciativa.

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, tampoco ha accedido a ser entrevistada sobre el tema, y pese a que se le ha insistido en que proporcione copia de los 490 contratos que Fernández Montúfar declaró como “reservados”,  no responde.

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