¿Cómo obtuvo Layda audios?, pregunta PRI

Al advertir que el espionaje es delito y exigir al Gobierno del Estado respetar la privacidad de los campechanos, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, exigió a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román aclarar cómo obtuvo audios de su líder nacional Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, porque de lo contrario analiza proceder penalmente.

Constitución y Código Penal Federal establecen la inviolabilidad de las conversaciones entre particulares, y su difusión constituye un delito, por lo que es deber de las autoridades de todos los órdenes de gobierno proteger ese derecho, y perseguir y sancionar a quienes lo violen, enfatizó.

El Gobierno Estatal está obligado a aclarar cómo obtuvo esas grabaciones, subrayó, porque de no hacerlo se presumiría que quien las difunde es la misma persona que las grabó ilegalmente, con lo que viola un derecho humano tan valioso, como la privacidad de las conversaciones de la ciudadanía.

En todas las democracias constitucionales o que se auto reconocen como tales no están permitidas las violaciones a la privacidad. Lo más grave es que quienes tienen acceso a las tecnologías para estas grabaciones, también pueden editarlas para obtener ventaja política, apostilló.

Por ello, agregó, el PRI condena la difusión ilegal y edición con alevosía de las conversaciones de Moreno Cárdenas por parte de Sansores San Román, con el pretexto de que se las hicieron llegar vía anónima, porque ‘tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata’.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, adelantó, analiza acciones legales en contra de quienes difundieron estas grabaciones ilegales y sacadas de contexto.

Es vergonzoso que hoy la ciudadanía sea vulnerable a ser espiada o grabada, y después exhibida indebidamente en los canales oficiales del Gobierno del Estado, sin derecho a réplica, ni mucho menos pruebas sobre el origen de los audios, subrayó.

Santini Cobos pidió a quienes están espiando las conversaciones de las y los campechanos, les devuelvan su privacidad y no violenten sus derechos humanos.