Denuncian en FGR a Sansores San Román

La acusan de enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado, entre otros delitos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el saqueo y la corrupción que prevaleció en la alcaldía Álvaro Obregón durante la administración de la hoy gobernadora Layda Elena Sansores San Román, diputados locales de la Ciudad de México la denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo mismo que al que la sustituyó, Alberto Esteva Salinas, y el actual director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, peculado, cohecho, delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos provenientes de actos ilícitos.

Las legisladoras de la Ciudad de México, Tania Larios y Jaqueline Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudieron a las oficinas de la FGR a interponer la formal denuncia, luego de que en la comparecencia de la alcaldía de la Álvaro Obregón salieron a reclucir graves anomalías en la gestión de Layda Sansores, quien junto con su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, a quien apodan “El Seso Loco”, habrían creado una mafia de factureras operada por el actual vocero del Gobierno del Estado de Campeche, Walther Patrón Bacab.

Exigieron cero impunidad, luego de presentar elementos, evidencias y pruebas de cómo operaban con los contratos otorgados por Sansores San Román a la empresa representada por Patrón Bacab, vocero oficial del Gobierno del Estado, socio y prestanombre de su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, a quien le pagaron facturas por más de 34 millones de pesos.

“Los obregonenses se merecen justicia ante el daño que causó Layda Sansores mediante empresas factureras de su sobrino Gerardo Sánchez, a través de quien era su administrador, Walther Patrón, y quienes construyeron una red de corrupción para robarse los recursos de la alcaldía Alvaro Obregón, para financiar su campaña electoral”, señalaron las diputadas priístas.

La excandidata a la alcaldía Alvaro Obregón, Jaqueline Villarreal, aseguró que no merecen tener esta clase de personas en el poder, por lo que exigió investigar quiénes son los perfiles que Layda Sansores tiene dentro de su gabinete en el Gobierno del Estado de Campeche y cuáles son los daños que le generaron al erario público.

Y también la investigan por delito de espionaje

La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpeta de investigación en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, por violar el Código Penal Federal al divulgar supuestos audios del dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que  habría obtenido a través del espionaje o intervención ilegal de comunicación privada, delito que amerita prisión de seis a 12 años.

El fiscal especializado en Control Regional de la FGR, Germán Castillo Banuet, en entrevista televisiva con Ciro Gómez Leyva, confirmó que a raíz de la exhibición de esos audios por cuatro semanas en el programa informativo de Layda Sansores, denominado “Martes del Jaguar”, investigan si se trata de intervención ilegal de comunicación privada.

Una  vez que se tengan los dictámenes de los peritos especializados con respecto a los audios, se procederá a determinar si proceden las sanciones, toda vez que la divulgación de audios obtenida de intervención ilegal de comunicación privada, también es un delito contemplado en el Código Penal Federal, afirmó.

Ya iniciamos una carpeta de investigación. Por supuesto que estamos sujetos a todas las pruebas pertinentes, como pueden ser los dictámenes periciales. Lo primero a establecer es que efectivamente es producto de una intervención de comunicación privada, para luego pensar si la divulgación de la misma es ilícita o no.

El fiscal de la FGR indicó que realizarán una serie de dictámenes periciales de cuestiones técnicas que permitirían establecer si realmente se da el delito o no de intervención ilegal de comunicación privada, previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, que establece una penalidad de seis a 12 años de prisión.

En las investigaciones primero se definirá si los diálogos son de una comunicación privada, que no hay consentimiento en ninguno de los involucrados o quienes participan para que sea grabada o intervenida, porque si uno de los interlocutores es el que aporta las grabaciones, ya no es tan claro el tema de la ilicitud, aclaró.

En varias ediciones de su programa informativo, Layda Sansores ha mostrado audios, que según ella, le fueron entregados de manera anónima en un evento, que nunca ha citado, pero el Código Penal Federal sanciona a quien  divulgue, producto de una intervención privada de manera ilícita, conversaciones o audios.

La FGE tiene los links donde han sido publicados esos audios, se descargan y se envían a diversas especialidades periciales, y luego empieza la etapa de declaraciones y testimoniales, y aunque los involucrados aún no comparecen, también se podría citar a quien entregó los audios.