La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió medidas cautelares a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), derivadas de la denuncia interpuesta por el reportero Ronny Aguilar y otros dos ciudadanos, por presunto abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) cuando fueron detenidos, al parecer arbitrariamente.
La presidenta de este organismo, Ligia Nicthe Há Rodríguez Mejía, indicó que se emitieron estas medidas, debido a que se trata de hechos que pueden generar daños de imposible reparación, mientras se investiga conforme a los procedimientos, que implican solicitar información a las autoridades, que es el siguiente paso; además de realizar inspecciones, recabar testimoniales, y también brindar la garantía de audiencia a la autoridad, como lo marca la ley.
También reveló que aparte de Ronny Aguilar, otras dos personas presentaron denuncias en contra de la SPSC respecto a hechos que se suscitaron esa misma noche, lugar y día, por lo que con base en esas quejas comenzaron a elaborar las solicitudes, e iniciaron la investigación correspondiente.
El viernes pasado se emitieron las medidas cautelares, y al día siguiente se notificó a la titular de la SPSC, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, quien inmediatamente respondió el oficio en el que confirmó que aceptan la solicitud de acciones que deberán implementar, pero la Codhecam las estudia y valora si las cumplen.
Entre las medidas cautelares destaca el inicio de un procedimiento administrativo, a través de sus órganos internos de control, sobre los sucesos; dotar de conocimiento al personal que realiza los operativos de revisión de documentos y personas; presencia de personal jurídico, capacitación al personal operativo.
En caso de operativos para la aplicación de la Ley para Uso y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas, tiene que estar o participar personal de otras instancias involucradas en el tema; en los procesos de revisión de la alcoholemia, que se otorgue la garantía de audiencia al gobernado.
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