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Combate Cepiadet el racismo contra indígenas

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ATENDIÓ CASO LOCAL DE ENCARCELAMIENTO INJUSTIFICADO DE FAMILIA TZOTZIL

Al presentar su agenda antirracista, la asociación civil Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) destacó que persisten los prejuicios en contra de las personas de comunidades y pueblos originarios.

Así sucedió con una familia tzotzil, de la cual cuatro miembros fueron acusados injustamente del delito de homicidio, y pasaron ocho años privados de su libertad en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Representantes de la asociación con sede en Oaxaca, Tomás López Saravia, Judith Bautista Pérez y Ricardo Santos Ye, informaron que con el objetivo de promover los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas, impulsan el Plan de Incidencia Antirracista.

Coincidieron en que a través del sistema de justicia se violentan sus derechos, e incluso les niegan un intérprete conforme a su lengua materna al momento en que son detenidos por alguna autoridad judicial.

Bautista Pérez relató que con el financiamiento de la Fundación K. Kellogg se realizó el diagnóstico “Los efectos del racismo en el acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Oaxaca”.

Primero, se formó y dio al equipo los elementos conceptuales para aplicar el plan, y atendieron durante dos años, a partir del 2020, cuatro casos: uno en Campeche, en relación a una persona acusada de homicidio y sus familiares; uno en Yucatán con la niñez, y dos en Oaxaca con las comunidades en defensa de sus territorios.

Del caso específico de Campeche, una familia tzotzil del ejido Plan de Ayala, Tecpatán, Chiapas, integrada por padre, madre, cuatro hijos y una hija, migraron a la localidad El Naranjito, en Candelaria.

En 2011, uno de los hijos cometió el delito de homicidio, por el que el padre y los otros tres hijos fueron acusados injustamente, sin conocer de qué se les acusaba ni las razones de su incriminación.

Fueron trasladados al Cereso de Kobén, y estuvieron privados de su libertad ocho años, a pesar de que el hijo que llevó a cabo el delito se entregó a las autoridades dos años después de la detención de su familia, asumiendo su responsabilidad.

Se evidenció una serie de actos racistas, pues no hubo mecanismos que permitieran reconocer a la familia como miembros de un pueblo indígena, y fueron privados de su derecho a un intérprete o defensor con conocimiento de lengua y cultura; su condición migratoria y situación económica influyeron en su criminalización, catalogándolos de personas peligrosas aun siendo inocentes.

López Saravia informó que, hasta el cierre del 2020, en el Cereso de San Francisco Kobén había 101 personas privadas de su libertad que hablan una lengua indígena (8.1 por ciento), y 525 (42.2) se consideran indígenas, pero no hablan una lengua indígena.

La mayoría todavía no ha sido sentenciada, particularmente porque tampoco se les apoya con un intérprete acreditado y certificado en su lengua materna, cuando es obligación desde el 2001, según establece el artículo segundo de la Constitución.

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