CANDELARIA.– Trabajadores y dueños de terrenos que se encuentran en el trazo del Tren Maya impidieron que personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encabezados por José Luis García Vela y con decenas de elementos policiacos fuertemente armados, tomaran posesión de los predios expropiados el pasado fin de semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtieron que defenderán sus propiedades hasta con sus vidas.
Los funcionarios de Fonatur intentaron posesionarse por la fuerza del rancho Miramontes, localizado entre Candelaria y ejido Pejelagarto, acompañados de patrullas y elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva (PEP). Trataron de intimidar a los propietarios, quienes lejos de amilanarse se organizaron con sus trabajadores, que llegaron en una camioneta y un tractor agrícola. De esa forma los replegaron y obligaron a abandonar el tramo.
Afuera, en el acceso al basurero, permanecieron las unidades de la Guardia Nacional y la Policía Estatal con decenas de elementos fuertemente armados, que al ver la movilización de personas que arribaba incluso a caballo dentro de la propiedad, no les quedó más remedio que retirarse.
Gerardo Miramontes, hijo del propietario, don Romualdo Miramontes Guerrero, dio a conocer que no han llegado a ningún arreglo con Fonatur por las afectaciones que les ocasionará la obra del Tren Maya al rancho, que funciona como empresa familiar, el cual quedará fraccionado en dos partes y les dañará 55 mil metros cuadrados de su propiedad.
Lo peor es que llegaron con toda la prepotencia del mundo a tratar de invadir, y no nos vamos a dejar. Estamos dispuestos a pelear lo que es nuestro patrimonio a costa de nuestras propias vidas, advirtió.
Entonces atravesaron una camioneta sobre el trazo de las vías a la altura del vertedero municipal y se atrincheraron los trabajadores del rancho, para impedir la acción arbitraria del Gobierno Federal.
Al ver que los propietarios se organizaban para defender sus propiedades, sin tratar de entablar diálogo los funcionarios de Fonatur y personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal se retiraron. Trabajadores y dueños del rancho señalaron que no permitirán el ingreso de nadie a sus propiedades, aunque sea decreto presidencial, y están listos para defender su patrimonio a costa de lo que sea.
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