La información de la compra de la licencia de un software entregado en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) por más de tres millones de pesos, ha sido blindada por el secretario de Administración y Finanzas (Safin) del Gobierno del Estado, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, que calla y mantiene opacidad sobre la adquisición, su uso y fines del sistema, que supuestamente permite intervenir llamadas, ubicar teléfonos celulares y rastrear ubicaciones.
En el contrato 139/2021, el chilango Larracilla Pérez firmó la adquisición de esta licencia en representación del Gobierno del Estado en diciembre de 2021, antes de que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) se fusionara con la Secretaría de Finanzas, como parte de los ajustes en dependencias y organismos de la administración pública estatal.
Con las pruebas de la operación que habrían realizado entre Larracilla Pérez y Bernabé Cesáreo Lira Uribe, representante legal de Neolinx de México, S.A. de C.V., se compró este equipo a solicitud del fiscal Renato Sales Heredia, entregado en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Campeche el 11 de noviembre de 2021 con número de oficio FGE/CAF/18/18.1/1306/2021 y fue recibido por Wilber Felipe Heredia Oreza, vicefiscal general para la Atención de Delitos de Alto Impacto.
El costo del software fue cubierto con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) del ejercicio fiscal 2021, contemplado en Programa con Prioridad Nacional de Seguridad Pública.
El oriundo de la Ciudad de México se ha negado a dar detalles de la operación. No recibe a ningún reportero de medios independientes para evitar cuestionamientos.
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