SANCIONA A OCHO ENTES POR INCUMPLIMIENTO
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) sancionó a ocho entes públicos por incumplimiento de obligaciones de transparencia; exoneró a la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), para que no sea obligada a emitir información relacionada con el índice delictivo.
También ordenó a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre a proporcionar datos relacionados a inversión pública, y justificó a la Secretaría de Gobierno (Segob) para no entregar copia de los audios atribuidos a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exhibidos por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
La Cotaipec sobreseyó el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), a la que le habían solicitado la información relacionada con el monto de apoyos y subsidios otorgados durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 a dos asociaciones pecuarias y dos personas físicas.
Lo mismo resolvió en el recurso presentado en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien se negó a proporcionar información relativa al número de jueces que operaron en el 2021, y el reporte estadístico de las causas penales concluidas en ese año.
Los comisionados, encabezados por el excandidato morenista a la Junta Municipal de Dzibalchén, Néstor Cervera, exoneraron a la titular de la SPSC, Muñoz Martínez, para que no sea obligada a presentar información de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier otro registro desglosados, ya que resolvieron sobreseer el recurso de revisión.
Pero en el caso interpuesto contra la edil Rabelo de la Torre, la Cotaipec le ordenaron proporcionar información correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2022, relacionada con contratos celebrados con un proveedor en específico de bienes y servicios, así como datos y documentación sobre la ejecución de tales contratos, la erogación de recursos públicos que implicaron, y el procedimiento de contratación aplicado.
Y el mismo procedimiento sobre contratos celebrados con otros 12 proveedores específicos de bienes y servicios.
Los comisionados se declararon incompetentes para obligar al secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, a proporcionar copia de los audios presentados por la gobernadora Sansores San Román en los que supuestamente se escuchan presuntos actos de corrupción por parte del exmandatario Moreno Cárdenas, con el argumento de que no le correspondía poseer esa información requerida por no estar relacionada con sus funciones y atribuciones.
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