QUE MÁS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE ESTÁN AMPARADOS
En prisión continuará el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), J.C. Lavalle P., determinó el juez de Control ante la petición del Ministerio Público, que justificó la medida cautelar por la probabilidad de que el imputado “se diera a la fuga” ante la acusación de abuso de confianza.
En tanto, en el Ayuntamiento de Campeche trascendió que más funcionarios municipales tramitaron y obtuvieron amparos, ante el temor de correr la misma suerte del aún director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac).
Durante la maratónica audiencia inicial celebrada el miércoles 28 de septiembre, J.C. Lavalle P. y su defensa solicitaron el término constitucional, por lo que el domingo 2 de octubre le definirán su situación jurídica.
De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 27/22-2023, la audiencia inicial duró más de ocho horas, luego de que el abogado defensor —originario de Yucatán—, pidió un receso para conocer la carpeta de investigación que le dieron al mediodía del miércoles 28 de septiembre.
La dilación en la audiencia fue ante la formulación de la acusación, en la que —de acuerdo a fuentes no oficiales— se señala al funcionario municipal de no devolver maquinaria pesada a un particular, por lo que le ocasionó un detrimento patrimonial de 28 millones de pesos.
La versión no ha sido confirmada, por el hermetismo con el que manejan el proceso la Fiscalía Especializada en el Combate Contra la Corrupción del Estado de Campeche y la cerrazón del Poder Judicial (PJE), de no permitir el acceso a los reporteros a las audiencias públicas.
Durante los próximos días la defensa estará recabando datos de prueba para desestimar la acusación del Ministerio Público, por un ilícito cuya pena máxima, de acuerdo al artículo 204 del Código Penal del Estado de Campeche (CPE), es de tres años de cárcel, dependiendo del monto del abuso de confianza.
ESTABA AMPARADO
Se informó que J.C. Lavalle P. obtuvo la protección de la justicia federal para que no lo mantuvieran incomunicado, tras su detención la noche del 27 de septiembre. Pese a ello sus familiares no supieron de su paradero, sino a partir del miércoles por la tarde.
La detención fue en cumplimiento a la orden emitida por el juez tercero de Control del Sistema Acusatorio Penal, de acuerdo a la carpeta judicial 27/22-2023/JC y por el delito de abuso de confianza.
Aparentemente su detención no fue ingresada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) al que están obligadas las autoridades —federales, estatales y municipales—, lo cual generó que los familiares a través de un abogado particular promovieran la búsqueda de la protección federal, que obtuvieron ayer, según el expediente 1101/2022.
En el expediente federal, el juez de Distrito decretó “la suspensión de plano para que cese de inmediato el acto consistente en la incomunicación, así como todo acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal”.
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