Tribuna Campeche

Diario Independiente

Liberan a Lavalle, su proceso será desde su domicilio

Da click para más información

Tras 19 días de estar privado de su libertad, el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), José Carlos Lavalle Pinzón, regresó ayer a su domicilio, una vez que la jueza de Control modificó la medida cautelar por cuestiones de salud, aunque deberá firmar periódicamente, pagar más de medio millón de pesos de fianza y no salir del Estado ni del país.

La audiencia de revisión de la medida cautelar inició a las nueve de la mañana y concluyó a las 11:30 horas de ayer, cuando abandonó las instalaciones del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén. Enfrentará su proceso en libertad.

De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 27/22-2023, Lavalle fue detenido la noche del martes 27 de septiembre cuando llegaba a su domicilio. Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia inicial —28 de septiembre—, en la que su defensa solicitó el término constitucional.  El domingo 2 de octubre fue vinculado a proceso por abuso de confianza y sujeto a prisión preventiva justificada.

El lunes 3 de octubre lo ingresaron al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde le dieron de alta el miércoles 5 del mismo mes. En esa ocasión se informó que tenía padecimientos en una de sus piernas, y que su salud empezó a deteriorarse por la hipertensión extrema que le diagnosticaron.

Estas fueron las justificantes, junto con los estudios médicos que presentó la defensa, para solicitar la modificación de la medida cautelar y su liberación. En la audiencia de ayer hubo debate de dos horas y media, en que la jueza de Control finalmente modificó la prisión preventiva justificada con base en los artículos 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y se priorizó el respeto de los derechos humanos, en este caso la salud.

Así, la juzgadora liberó a Lavalle e impuso que deberá pagar una garantía de 700 mil pesos, en un plazo de 10 días, y firmar una vez cada mes en el Juzgado de Control.

La juzgadora le prohibió salir del Estado y el país y lo obligó a entregar su pasaporte. También tiene prohibido acercarse y comunicarse con los denunciantes y testigos que interpusieron la querella en su contra. De incumplir alguna de estas condicionantes, la juzgadora podría solicitar su detención de nuevo.