Tribuna Campeche

Diario Independiente

Exigen revocar el mandato a Layda

AGRUPACIÓN POLÍTICA LIDESOL CONVOCA A CONSULTA POPULAR PARA QUE LA CESEN

Por el grave incremento de la inseguridad en Campeche y las nulas acciones de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para propiciar el desarrollo de la entidad, la agrupación política Movimiento Liberación Democrática Social (Lidesol) reiteró su exigencia de que el Congreso del Estado otorgue trámite a su solicitud de revocación de mandato, y que el Instituto Electoral del Estado programe la consulta popular para ese ejercicio.


Luis Humberto Gutiérrez Ramírez y José Manuel Santisbón Rivero, presidente y miembro de esta agrupación política, acusaron al presidente del Congreso del Estado, el veracruzano diputado por Morena, Alejandro Gómez Cazarín, de tener ‘línea’ de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para no dar trámite legislativo a la iniciativa de revocación de mandato que le entregó el año pasado, por lo que exigieron su renuncia.


Con pancartas que colocaron en la explanada del Palacio Legislativo, también demandaron la destitución de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEEC), Lirio Suárez Améndola, porque mantiene estancada la propuesta de consulta popular para este ejercicio, pues habría recibido órdenes del Gobierno Estatal para no darle seguimiento.


Con esa conducta se están violando los artículos 35 y 39 de la Constitución Política, así como los derechos humanos de la ciudadanía, pues en una democracia justa, el poder debe radicar en el pueblo, precisaron.
Suárez Améndola, expusieron, incurre en conflicto de intereses, al subordinarse al Poder Legislativo, donde las y los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MOCI) también lo han hecho con Morena, para favorecer sus intereses y no los de la ciudadanía.


“No confiamos en ningún diputado, porque no han dado la cara, ni por lo menos uno que haya mostrado interés y presione para que se concrete la revocación de mandato”, arremetió, al revelar que ya ha sido amenazado por insistir en esta iniciativa.


Recriminaron que mientras en el Congreso local les han cerrado las puertas y se niegan a informarles cuándo se dará lectura a su iniciativa, en el IEEC su presidenta se niega a siquiera contestarles las llamadas.


Por ello, invitaron a las y los campechanos a sumarse a esta propuesta de revocación de mandato, y exigieron al veracruzano Gómez Cazarín y demás integrantes de la LXIV Legislatura, que sesionen pronto, la lean y aprueben, ante las malas acciones de Sansores San Román, que no han traído ningún beneficio para el desarrollo del Estado en casi año y medio de Gobierno.


“Se está incrementando la inseguridad y la delincuencia, cosa que antes no existía y por eso Campeche era considerado el Estado más seguro y pacífico del país. Cada día estamos peor, no tenemos desarrollo económico y necesitamos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, aunque la gobernadora se divierte paseando y no tiene tiempo para gobernar, por lo que si no puede con el cargo que se largue”, asentó Gutiérrez Ramírez.

Ni la Secretaría General ni Cazarín han entregado la propuesta

Legislaría bancada del PRI

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) legislarían por la revocación de mandato, para que la ciudadanía juzgue el trabajo de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y decida si debe seguir en el cargo, señalaron Ricardo Miguel Medina Farfán y Karla Guadalupe Toledo Zamora, al coincidir en que ni la Secretaría General ni el presidente del Congreso del Estado, el diputado por Morena, Alejandro Gómez Cazarín, les han entregado la propuesta que presentó el movimiento Liberación Democrática Social (Lidesol), la cual no descartaron apoyar, e iniciar su trámite legislativo.

Por separado, el legislador Medina Farfán lamentó que la propuesta ni siquiera fue leída en sesión para ser turnada a comisiones e iniciar el procedimiento legislativo, pues el presidente del Congreso, el veracruzano Gómez Cazarín, la recibió y no la compartió con ningún grupo parlamentario, para que algún diputado pueda abanderarla en caso de interesarle, aunque aclaró que también la organización que la propuso pudiera promoverla cumpliendo con ciertos requisitos, como obtener el número de firmas de respaldo.

Ni en uno ni en otro caso sabemos que se haya generado el trámite. Entonces no podemos decir que sea un procedimiento que se esté discutiendo en estos momentos, expuso, al reconocer que ignora en qué consiste o cómo está construida la iniciativa, por lo que hasta conocer su contenido valorarán si la apoyan o no.


No es una iniciativa legal. Para que inicie un procedimiento legislativo tiene que un diputado encabezarla, o en su defecto, cumplir con los requisitos para que sea considerada una iniciativa ciudadana, aclaró, pero condenó que Gómez Cazarín no la haya dado a conocer al resto de las y los legisladores de las diversas fuerzas políticas, para que pudieran tomar la decisión sobre encabezarla o no.

La legisladora Karla Guadalupe Toledo Zamora coincidió en que hasta hoy la Secretaría General del Congreso no ha hecho llegar la iniciativa a las y los integrantes de la LXIV Legislatura, y sólo saben de su existencia por la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales, pero “quién tiene la obligación de darnos las iniciativas que llegan es Secretaría General”.


Sin embargo, sostuvo que esperarán a recibirla para revisarla, y si es algo que beneficia a las y los campechanos, el grupo parlamentario del PRI la apoyará, aunque asentó que hoy la ciudadanía demanda que quienes son servidores públicos den resultados, cumplan sus promesas de campaña, y que mantengan un Estado en armonía, paz, tranquilidad, que genere empleos y haya apoyos para el campo, salud y educación.
Hoy el ciudadano está más ávido de que estos gobiernos cumplan, hoy sí alza la voz y sí demandan que quienes no cumplan, no estén en esos espacios, sentenció.
La bancada del PRI legislaría por la revocación de mandato, así como legisló por la extinción del fuero constitucional para gobernadores y diputados en Campeche, porque era algo que exigía la ciudadanía, y quienes no cumplan como servidores públicos, se tenga un marco jurídico para proteger el derecho de los ciudadanos.
Está propuesta, en caso de que llegue a manos de los diputados, la analizaremos y definiremos los consensos. Generaría mucha certidumbre y certeza a los ciudadanos de que estarían en manos de un Gobierno responsable, concluyó.

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