Tribuna Campeche

Diario Independiente

Pisotea las leyes el Poder Judicial

MANTIENE A MAGISTRADOS CUYOS PLAZOS DE NOMBRAMIENTO ESTÁN VENCIDOS

A más de cinco años de que venció el plazo para el que fue designado por el Congreso del Estado como magistrado supernumerario, José Enrique Adam Richaud continúa ilegítimamente en el puesto, sin que se conozcan propuestas para sustituirlo, denunciaron dirigentes partidistas.


Ese hecho —que se repite en otros casos—, confirma que los encargados de impartir justicia pisotean las leyes a su antojo, porque la mayoría de jueces y magistrados están enquistados en el Poder Judicial, sólo por su obediencia a las órdenes del poderoso en turno.


Lamentaron la opacidad en el Tribunal Superior de Justicia, en cuyos portales informativos no precisan las fechas de designación de jueces y magistrados, y tampoco sus fechas de vencimiento. El Consejo de la Judicatura, que preside la magistrada Virginia Leticia Lizama Centurión, es un elefante blanco, porque no resuelve nada, coincidieron los dirigentes.


El representante del PAN, José Inurreta Borgés; el dirigente del PRD, José Segovia Cruz y el secretario regional del CEN del PRI, Luis Alonso García Hernández, señalaron que las instituciones de procuración e impartición de justicia están convertidas en cochineros, y enfrentan la pérdida de confianza d la ciudadanía.


García Hernández condenó que en Campeche se viva un Estado fallido en la impartición de justicia, pues la gobernadora Layda Elena Sansores San Román no sólo usa esta institución como brazo ejecutor de sus venganzas políticas, personales y caprichos, sino que es cómplice de las ilegalidades en los cargos de jueces y magistrados, como el caso del magistrado supernumerario José Enrique Adam Richaud, cuyo periodo concluyó desde hace cinco años, sin ser removido.


Lamentó que los encargados de aplicar la ley e impartir justicia sean los primeros en romper con la legalidad, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado es muy clara, al establecer que los magistrados sólo durarán en sus cargos 15 años, y Adam Richaud, lleva casi 21. Es vergonzosa, abusiva y cinica su conducta, acusó.


Inurreta Borges aseguró que en Campeche con el Gobierno de Morena no hay justicia. Lo poco que existe es fallido, por lo que los ciudadanos no tienen confianza en esas instituciones. Muchos jueces y magistrados aplican la ley selectivamente y violan normas y reglamentos que deberían regirlas. Están enquistados por servilismo.


El Congreso debe pronunciarse en contra de la ilegalidad que prevalece el TSJE, respecto a los casos de jueces y magistrados permanecen en sus cargos de manera ilegal, pues han cumplido su periodo y no han sido removidos, apuntó.


Además, el Poder Legislativo es el que tiene las facultades para designar a las personas en estos cargos. En Campeche está manipulada la impartición de justicia, porque los encargados de impartirla son los primeros en violarla. En el Estado, sostuvo, prevalece el anarquismo judicial.
En tanto, Segovia Cruz señaló que jueces y magistrados fueron designados para desempeñarse para un periodo en específico, que al vencer, deben ser nombrados otros.


Estos tienen que garantizar la honorabilidad, el ejercicio público de la acción penal y la interpretación de la justicia para aplicación de la ley en casos específicos, por lo que la falta de un proceso para elegir a nuevos funcionarios judiciales genera sospechas que van más allá de vicios. Pidió que se investigue la situación que se registra en el TSJE y se deslinden responsabilidades.

El contexto

El 13 de diciembre de 2002, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, con 23 votos a favor de sus diputados integrantes, eligió a José Enrique Adam Richaud como magistrado supernumerario, y mediante el acuerdo número 48 lo declaró miembro de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).


De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, los magistrados del honorable TSJE durarán en sus cargos 15 años, por lo que desde el 13 de diciembre de 2017 —hace cinco años—, venció el plazo para que permanezca en el cargo.

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