Gobierno sólo ofrece albergues a los desalojados de Santa Cruz

Levantan plantón; que tendrán facilidades para proceder legalmente

El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román, no resolvió el problema a los colonos de la comunidad Santa Cruz, Carmen, quienes se quedaron sin sus hogares y patrimonio tras desalojo violento y arbitrario, pues sólo les ofrecieron vivir en albergues para que levanten el plantón que desde el domingo mantenían en el Palacio de Gobierno.

En reunión con una comisión de colonos y su abogado Luis Felipe Pérez Ramírez, los funcionarios de la Secretaría de Gobierno (Segob), a cargo del chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, negaron que la gobernadora Layda Sansores y el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus hayan ordenado el desalojo, donde quemaron casas, mataron animales de traspatio y destruyeron sus cultivos de maíz, pepino y chile.
Tras deslindarse de los hechos violentos, los funcionarios ofrecieron a los colonos instalarse el albergues, para no regresar al predio que luce desolado, en ruinas.

El desalojo fue ilegal y arbitrario por parte de la Vicefiscalía de Escárcega, ya que actuaron con elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y elementos de las policías Estatal Preventiva y Municipal, por medio de una denuncia que interpuso un representante de los hermanos Edgar y Adrian Chaín Perdomo, para destruir con maquinaria las casas de los colonos.

Sin embargo, la disputa del predio se encuentra en proceso mediante un juicio de preinscripción positiva y los terrenos son propiedad de la nación, no se emitió la sentencia o resolución de un juez para ejecutar el desalojo.

“Incumplieron el procedimiento legal. A los colonos no les dieron derecho a defenderse, los acusaron de haberse posesionado hace poco tiempo, cuando desde el 2006 están trabajando 50 hectáreas de esas tierras, lo que rompe con el aspecto de flagrancia”, dijo el abogado.

Tampoco hay una resolución del juez para determinar si los Chaín Perdomo son los verdaderos propietarios.

Los manifestantes decidieron levantar el plantón, con la promesa del Gobierno del Estado de dar las facilidades para interponer las acciones legales correspondientes, y de que no habrá mano negra durante el procedimiento.

También proporcionarles espacio en albergues, a unos en Campeche y otros en la cancha techada de Aguacatal.