Viola Ley de Protección de Datos Personales al publicar nombres y calificaciones.
La Secretaría de Educación del Estado de Campeche viola la Ley de Protección de Datos Personales en perjuicio de al menos 112 mil infantes, al registrar en sus plataformas el nombre, la escuela, el turno y los resultados de la evaluación diagnóstica del estudiantado, con lo que los expone a riesgos de secuestro, extorsión telefónica o bullying, advierten organismos especializados.
De acuerdo con el Inegi, en 2020 había en la entidad 256 mil 816 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 28% de la población. La matrícula escolar de primaria y secundaria suma poco más de 142 mil estudiantes, distribuidos en 968 colegios, y quienes hicieron la evaluación diagnóstica 2022-2023 señalan que son 112 mil 768 infantes entre 7 y 15 años de edad, que representan el 12.14% del total de la población.
Esa es la población campechana que está en situación de vulnerabilidad, ya que la Secretaría de Educación del Estado, a cargo de Raúl Aarón Pozos Lanz, a través de la Unidad Estatal de Evaluación, dirigida por Carlos Enrique Chan Keb, publica en una página web el nombre, la escuela, el turno y los resultados de la evaluación diagnóstica del estudiantado.
De tal suerte que cualquier persona puede ver en qué escuela pública o privada y turno va cualquier alumno y sus calificaciones, lo que facilita el “trabajo” a la delincuencia organizada al tener nombre, ubicación y horario de los infantes. De pasada, hasta entre los mismos menores les da acceso a elementos para hacer bullying.
Más preocupante es saber que la actual Administración Estatal no es la primera que lo hace, sino que sin consentimiento de madres y padres de familia, el extitular de la Seduc, Ricardo Koh Cambranis, hizo lo propio durante su gestión, y puso en público la base de datos con resultados de la evaluación y los nombres de 69 mil 113 infantes de tercero a sexto de primaria y 41 mil 607 de tercero de secundaria, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020.
En ese ciclo escolar se estimaban poco más de 145 mil 800 estudiantes en los niveles de primaria y secundaria registrados en Estadística Educativa de Campeche, lo que significa que el 75.9% “balconeado”, al publicarse los resultados, y lo peor, se pone en riesgo su integridad física, al difundirse libremente sus nombres, escuelas y turnos.
Principales riesgos
De los principales riesgos al publicar esa información, y peor todavía porque se mantiene y se actualiza con los resultados de las nuevas evaluaciones en la página web, es que si bien Campeche cuenta con uno de los niveles más bajos en cuanto a raptos y secuestros, no es inmune a tales actos delictivos, pues en los últimos 12 años se reportaron 20 incidentes de privación ilegal de la libertad, según reportes anuales de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En Carmen ocurrió el mayor número de secuestros, con siete, San Francisco de Campeche y Escárcega con cuatro cada uno, en Candelaria tres y en Calakmul y Champotón uno. Por el tipo de delito, el Consejo Nacional de Seguridad Pública revela la existencia de cuatro organizaciones criminales en la Península de Yucatán: los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Pacífico y los Zetas.
De hecho, el ambiente escolar se enrarece, toda vez que ante presuntos casos de rapto o secuestro, en unidades escolares se apoltronan cuerpos policiacos en las inmediaciones, lo que no sólo estresa a los vecinos, sino a los tutores y los educandos.
La alarma no es menor, pues la Red de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México (Redim), en el apartado Tráfico de niñas, niños y adolescentes en México, de su página virtual, revela que “Víctimas de delito de 0 a 17 años en Campeche”, que entre 2015 a julio de 2022 se han registrado 13 casos de trata de personas y 137 de delitos contra la vida e integridad corporal.
Fuentes del INAI revelaron que se puede y se debe denunciar la publicación de los datos personales de los infantes educandos y solicitar el retiro de la página web, para lo cual se pone a disposición la página, además de los órganos garantes en la entidad como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), si no la página web datospersonales.org.mx, el correo electrónico atencion@inai.org.mx y el teléfono 800 835 4324.
¿Cómo evitan esto en otras entidades?
El procedimiento que siguen en otras entidades para informar acerca de los resultados de la prueba Diagnóstica, es la que mandata el protocolo de la SEP, esto es, a través de las plataformas de las dependencias estatales de educación pública se publica la información, sólo a los interesados, mediante la identificación del registro de examen que se le proporciona a cada alumno.
Sólo así el alumno y sus padres saben su resultado, el resto de los resultados les queda oculto, así como al público en general. Lo que sí es publicable es el concentrado estadístico de los resultados de la evaluación, con sus respectivos promedios, pero sin que aparezcan los nombres de los educandos.
¿Qué dice la ley?
Dos años antes de que Koh Cambranis fuera impuesto en noviembre de 2019 como titular de Secud, por instrucciones del entonces gobernador Carlos Miguel Aysa González, fue promulgada la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, vigente desde 2017, en la que se determina que la protección de los datos personales de todos los ciudadanos es responsabilidad de las autoridades:
“Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos”.
Por datos personales debe entenderse, establece la fracción X del artículo 3. “Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información”.
De esa forma, al revelarse los nombres y apellidos de los infantes educandos se vulneran sus derechos a privacidad de sus datos, situación que los expone no solo a bullying porque exhibe sus resultados, sino que puedan ser objeto de criminales, pues además, informa del turno y la escuela a la que acuden,
El artículo 6 prevé esa situación: “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente”.
El artículo 31 es más contundente: “Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad”.
Fuentes consultadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmaron que para hacer pública la información de los educandos, se requiere del consentimiento de los padres de familia o el tutor del menor.
TRIBUNA consultó con padres y madres de familia en diversos puntos del Estado, y ninguno había dado su consentimiento para que Koh Cambranis o Pozos Lanz difundieran por la red los nombres de sus hijos, y menos aún con la agravante de dar a conocer la ubicación del centro escolar y su horario, ni ya se diga acerca de los resultados de la evaluación.
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