Para Campeche sólo fueron ilusiones de hospitales y desabasto de medicamentos
Nunca un programa de salud destinado a la población sin seguridad social duró tan poco tiempo. Su fracaso no sólo se cuenta en miles de millones de pesos por burocracia y patrimonio, como edificios, oficinas, insumos, autos y altos salarios a sus directivos, sino también en el aniquilamiento, de entrada, de más de 300 unidades médicas que operaban bajo el esquema de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular, creada en el sexenio de Vicente Fox Quezada.
Como castillo de naipes cayó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Campeche, dejando una secuela de recursos públicos desperdiciados, previsible aumento en el desabasto de medicamentos, descenso del personal asistencial y la metamorfosis de las promesas, que pasaron de la rehabilitación de las 102 unidades médicas a sólo remodelaciones.
El Insabi nació con la reforma de la Ley General de Salud en noviembre de 2019, y cerró en abril pasado. Cuarenta y un meses duró el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad. Igualito a Dinamarca juraba y perjuraba.
“La salud no es un privilegio, sino derecho del pueblo. Nosotros debemos tener seguridad social desde que nacemos hasta que nos vamos, desde la cuna hasta la tumba. Ese es nuestro ideal de bienestar. No importa condición económica y social en lo que tiene que ver con salud y educación, que debe ser pública y gratuita para todos”, refrendó López Obrador en diciembre de 2022, de gira por Escárcega.
En los hechos, el presupuesto para atender con servicios médicos y medicinas gratuitos a mexicanos sin seguridad social, nunca fue tan bajo. Comparado con el quinto año de ejercicio de Enrique Peña Nieto, López Obrador redujo el apoyo a las vulnerables en poco más de 16 mil millones de pesos.
Pasó de 248 mil 784 millones de pesos con el político mexiquense en el Seguro Popular en 2017, a 232 mil 781 millones de pesos con el tabasqueño y su Insabi en 2023, se desprende del análisis a los presupuestos federales aprobados.
La tendencia a reducir el gasto público en salud es homologada por la Administración de Layda Elena San- sores San Román. En 2020, último año completo de ejercicio de la gestión de Carlos Miguel Aysa González, el gasto per cápita fue de tres mil 428 pesos, y en el primer año de Sansores cayó a dos mil 602, o sea diferencia de 826 pesos, se desprende del estudio sobre finanzas públicas elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).Es un “buen ahorro” para las finanzas morenistas, pues si se multiplica el diferencial por el poco más de un millón 33 mil 223 campechanos, “guardó” Sansores 853 millones 442 mil 198 pesos.
Primeros auxilios a cargo del IMSS
Por enésima vez en su historia, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le corresponderá la resucitación cardio-pulmonar de las ocurrencias presidenciales, ya que en 1979, bajo el Gobierno de José López Portillo y Pacheco, se instauró la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), con la idea de atender a la población de bajos recursos sin acceso a los servicios de salud.
Cuatro años después, en 1983, la Administración de Miguel de la Madrid Hurtado la denominó IMSS-Oportunidades, por lo insostenible del anterior esquema. A través de los sexenios el modelo fue cambiando. Fue IMSS-Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Con Vicente Fox Quesada se transformó en Seguro Popular y apoyado por IMSS-Bienestar, es el programa que más tiempo duró.
Al desaparecer el Insabi, de nuevo le toca al IMSS lidiar con el fracaso, con la variante que en lugar de transferencia sin intermediarios, ahora la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud es la responsable de proporcionar personal, recursos económicos, materiales e inmuebles al IMSS-Bienestar.
Así lo determina el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece forma y términos de la transferencia de recursos humanos y materiales del extinto Insabi, que se estima largo y sinuoso mecanismo, pues los relativos a la plantilla de trabajadores, si bien se respetarán sus derechos laborales, “conforme a la normatividad aplicable”, la población médica sufrirá por la transferencia de plazas.
Tendrá que contar con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por razones de presupuesto, y así, aunque clínicas y hospitales necesiten especialistas, si no hay dinero, no los recontratarán. De ahí que podrían despedir a las mil 73 personas contratadas en los tres niveles de atención médica para el Insabi. De ellas, 300 son médicos (34 especialistas), 469 enfermeras, 166 paramédicos (camilleros y otros) y 138 afines (personal de limpieza), revela el Informe de Labores del Insabi.
El presupuesto salarial anual para el personal médico del Insabi en Campeche ascendió a 395 millones 113 mil 221 pesos en 2022, un promedio de 368 mil 232 al año a cada uno, o al mes 30 mil 686. Es promediado, porque cada especialista, 34 en Campeche, cobraban 55 mil 21 pesos mensuales.
El Instituto Nacional de Información y Geografía (Inegi) revela que 336 mil 284 personas carecen de servicios de salud pública, lo que representa un médico por cada mil 120, y una enfermera por cada 717 posibles pacientes. Las cifras son muy lejanas a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dictaminó que se necesitan 23 médicos, enfermeras y parteras por cada 10 mil habitantes, para brindar servicios esenciales de salud a la población.
En el caso de Campeche, los servicios del Insabi equivalen a 0.03 médicos por cada 10 mil habitantes, y de enfermeras 0.04. Y sus plazas pueden desaparecer. Hay que considerar que en comunidades de Tenabo, como Nache-Ha, San Pedro y Santa Rita, no hay ser- vicios médicos desde hace tiempo, denuncian pobladores.
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