Acuden colonos a la Fiscalía para acreditar predios

El representante legal de las 89 familias del poblado de San Eduardo, Campeche, Jorge Cocom Sánchez, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar documentación que presuntamente acredita que los afectados son propietarios del terreno del cual fueron desalojados a finales de junio pasado.

Entre las pruebas entregaron copias de sus credenciales de elector domiciliados en el referido predio, las cartas de asignación expedidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fotografías y papeles que indican que los terrenos son propiedad de la nación y llevan más de siete años posesionados.

El abogado pidió que le den el acceso a la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público, para ver de dónde derivó la facultad para demandar a los pobladores de San Eduardo.

“Lo único que queremos es que la gente pueda regresar a sus casas. Si hay algún arreglo con Gobernación o con el particular, la gente estará conforme por estar en sus casas de nuevo”.

El litigante explicó que fueron algunas propiedades las que tenían el problema de colindancia con los terrenos donados por Castilla Azar al Gobierno del Estado de Campeche, para el corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

A raíz de ello, el jueves 29 de junio elementos de la Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con apoyo de equipo antimotín, los desalojó de los terrenos que llevaban años ocupando.

Los habitantes pidieron al fiscal Renato Sales Heredia, analizar los documentos que presentaron, para que les pueda dar la razón legal y regresar a sus hogares.

Denunciaron tráfico de influencias y presunta corrupción en contubernio con notarios y complicidad con el Gobierno del Estado, para armar un andamiaje legal para que Rafael Castilla Azar obtuviera, apenas asumió Layda Sansores San Román la gubernatura, las presuntas escrituras como dueño de San Eduardo.
“Extrañamente, hace poco menos de dos años, después de que Layda Sansores tomó posesión como gobernadora, Castilla Azar sacó escritura para ostentarse como supuesto dueño, cuando nosotros tenemos las cartas de asignación de la Sedatu por tratarse de terrenos nacionales. Esto no es más que corrupción”.

Hoy más que nunca —sentenciaron—, tenemos la certeza de que la gobernadora Layda Sansores pretende adueñarse del predio a costa de lo que sea, pues junto a San Eduardo construye un corralón para la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

Los desalojados —niños, mujeres, hombres y adultos mayores— llevan nueve días plantados en el Palacio de Gobierno, en espera de que les hagan justicia para regresar a sus viviendas, de donde fueron sacados por más de 100 policías estatales y ministeriales.