En la Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) impera un criminal tortuguismo en las investigaciones de la denuncia respecto a la mortandad de miles de abejas en Hopelchén y Campeche.
Ello, pese a que resultados de estudios del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), coinciden en que la causa fue la contaminación por el uso descontrolado de plaguicidas, denunciaron el diputado local, Ricardo Miguel Medina Farfán, y apicultores de Los Chenes.
Al acudir al Palacio Estatal para sostener una reunión en la Secretaría de Gobierno, los apicultores y el legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron justicia por la pérdida de su patrimonio, los daños al medio ambiente, y las afectaciones a la salud provocadas por el uso del fiprodil, un insecticida aplicado en ranchos aledaños a las comunidades de Suctuc y Crucero de Oxá.
Indicaron que hace tres meses y medio presentaron la denuncia por la muerte de miles de abejas ante la Procuraduría Ambiental, y posteriormente solicitaron a la Semabicce la declaratoria de emergencia ambiental para implementar acciones que frenen el uso de los agroquímicos nocivos para estos insectos, sin embargo, no hay respuesta ni avance.
La Semabicce, en su afán por dar largas y entorpecer las indagaciones, condicionó que investigadores de Ecosur que realizaron los estudios en las comunidades donde se registraron las muertes de las abejas ratificaran la denuncia, lo cual se hizo, recordaron.
La Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente señala que las autoridades respectivas tienen un plazo de 30 días hábiles para resolver cualquier denuncia en la materia, y se han llevado más tiempo, lo que ha generado una afectación, porque no solamente implica el daño ambiental, también a la economía de las familias que dependen del campo. “Exigimos justicia, porque la demora es una causa de injusticia y está afectando a los compañeros; el 19 de abril se solicitó una declaratoria de emergencia ambiental, y el 10 se recordó a la Semabicce, y no ha habido una respuesta. Es una demora criminal”.
Tras la reunión, Medina Farfán informó que se comprometieron a citar el próximo miércoles a todas las autoridades ambientales estatales y federales, así como a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), para tomar un acuerdo que agilice las investigaciones.
Y advirtió que si no logran avanzar para que les hagan justicia, tomarán medidas de índole legal, como los amparos, para exigir la actuación rápida y sin ningún tipo de traba de las autoridades ambientales.
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