Tribuna Campeche

Diario Independiente

Otra ilegalidad de Layda E. Sansores

Por violaciones al debido proceso, podrían dejar libre al asesino confeso de Sergio Novelo

Es ilegal y grave yerro que Layda Elena Sansores San Román haya dado a conocer públicamente la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, el asesino confeso del excontralor del Ayuntamiento de Campeche, Sergio Novelo Rosado, y podría derivar en que obtenga la libertad por violaciones al debido proceso, advirtió el presidente del Colegio de Profesionistas en Derecho Barra de Abogados de Campeche, Francisco Eustaquio Portela Chaparro.


Creo que sí es ilegal, aunque en un principio de publicidad, como lo señala el nuevo Código de Procesamiento Penal, se pudiera hacer pública la audiencia, si las partes que intervienen lo permiten o autorizan. Pero aquí huele o se sospecha que en un Martes del Jaguar se dé a conocer este video del asesino confeso, que supuestamente fue contratado por el expresidente municipal, porque deja muchas dudas.


Si no hubo ese acuerdo, por supuesto es un hecho ilegal. Creo que a la gobernadora la deberían aconsejar los abogados que están en el Gobierno del Estado, para que no cometa ese tipo de errores.
Sé que bajaron del video del Martes del Jaguar ese fragmento donde señala el asesino confeso su delito y se pretende imputar al expresidente municipal.

Pese a que fue eliminado el contenido del video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, el asesino confeso de Sergio Novelo Rosado, hay pruebas contundentes de que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román cometió otra ilegalidad, que podría derivar en la liberación del criminal.


No quisiera creer que efectivamente tenemos en el exalcalde a un asesino serial, como especuló el sobrino de la gobernadora, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, que “se convirtió en agente del Ministerio Público sin serlo”, ironizó.


—¿Cómo puede afectar al juicio esa acción?
—Todo lo que sea en contra del procedimiento beneficia con consecuencia a los imputados o investigados, respondió.
—¿Pudiera quedar en libertad el asesino confeso?
—Por supuesto. Recuerden a los asesinos confesos de los 43 estudiantes que desaparecieron en Ayotzinapa. Gozan de libertad plena a pesar de haber sido confesos, y el exprocurador Murillo Karam está en la cárcel. Así la lleva el Gobierno Federal y el Presidente de la República”.


La acción de dar a conocer públicamente esa audiencia, es un gran yerro. Los abogados lo sabemos perfectamente, reiteró.


De la denuncia que por daño moral presentó el expresidente municipal Eliseo Fernández contra Gerardo Sánchez, por vincularlo a asesinatos, el litigante aclaró que ese es un pleito entre particulares. No conozco el fondo, pero va a sacar chispas que diriman en los tribunales de primera instancia y que gane quien tenga la razón, mientras los campechanos estarán muy atentos de los resultados de este daño moral. Si señalas a una persona de un delito, deberás de tener las pruebas de la burra en la mano.


De lo ocurrido a Griselda Puc Valderde, presidenta de la Junta Municipal de Carrillo Puerto, Champotón, la consideró la primera presa política del Gobierno de Layda Sansores. Creo que todo indica que así es, porque conocemos hechos de corrupción que se están dando en la actual Administración y no vemos que se proceda con la misma rapidez.


Debió haber un procedimiento en la Fiscalía Anticorrupción. Que se presentara la denuncia y que se invitara a Puc Valverde a que rindiera su declaración y aportar los datos de prueba que considerara necesaria para demostrar su inocencia.


La detención fue, a mi manera de ver, irregular, y sí temo que se estén utilizando los órganos de impartición para inhibir a los contrarios políticos, sentenció.

Mutiló y ajustó el video

Horas después de concluido el “Martes del Jaguar”, donde Layda Sansores exhibió el video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, asesino confeso del excontralor Sergio Novelo Rosado, y fotografías en que intentó vincular al exalcalde Eliseo Fernández con ese crimen, el material fue bajado de las cuentas oficiales de la mandataria.


Trascendió que Pedro Alcudia, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la alertó de las graves repercusiones que esa decisión podría acarrearle, y la afectación legal sobre el caso, pues de violentarse el debido proceso el acusado podría quedar en libertad.


Decenas de campechanos son testigos del manejo tendencioso dado por Sansores al video y las fotografías, para seguir incriminando a Fernández Montúfar como autor intelectual de varios crímenes y del atentado a Jamile y su pareja Rafael.


En el “Martes del Jaguar” en un video de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, asesino confeso de Novelo Rosado, la jueza lo presiona para que lea un párrafo en que se culpa directamente a a Eliseo Fernández Montúfar.


Layda Sansores mostró también una fotografía en que se ve a Eligio Carrasco Cruz —el que supuestamente pagó a Samuel Cortés para que cometiera el crimen— y Eliseo juntos, y el documento en que sigue cobrando en la Presidencia Municipal, por lo que sugirió que es el exalcalde el que está detrás de los crímenes y el atentado.


Horas después, y advertida de la ilegalidad y las severas consecuencias que tendrían sus actos, Layda Sansores ordenó bajar de sus plataformas el video, cortarlo, editarlo, quitarle lo dicho sobre el tema y vuelto a subir. Pasadas las 8:11 de la mañana de ayer volvió a verse el video ya recortado.

De acuerdo con una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso penal puede tener un efecto corruptor que beneficie al imputado, e invalide todo el proceso cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias:


a) Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal.


b) Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio.


c) Que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión.


En este caso, es evidente la conducta ilegal, al filtrarse el video de una audiencia, al que sólo tienen acceso el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Además existen condiciones sugestivas de la gobernadora y su conducta impacta en los derechos del acusado, al exhibir su rostro y voz.

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