Diputados de PRI y MOCI exponen los pésimos saldos en seguridad
En accidentada comparecencia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y del fiscal Renato Sales Heredia, en que para evitar preguntas incómodas se censuró y apagó el micrófono a los legisladores, la bancada del PRI presentó cifras del aumento de la incidencia delictiva y planteó a ambos funcionarios que “si no pueden con el cargo, que renuncien…”.
La diputada priísta Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos presentó datos duros que confirman que su estrategia de vigilancia fracasó, pues cuenta con un presupuesto de más de mil millones de pesos al año y los resultados no se observan. Aumentaron los robos y casos de violencia intrafamiliar, la incidencia delictiva, los homicidios y el narcomenudeo, entre otros.
Baqueiro evidenció el teatro de la guanajuatense, al indicarle que si de verdad les interesara atacar el problema de violencia intrafamiliar y feminicidios en Campeche, no hubieran reducido el presupuesto para atacar ese problema de 100 millones de pesos a 65 en los últimos años.
Le legisladora priísta informó que el Observatorio Nacional ubicó a Campeche en primer lugar en tasa de feminicidios, violaciones y abusos sexuales, que se incrementaron en 58.8 por ciento. Las cifras del Ejecutivo Federal colocan a Campeche entre los 13 Estados donde aumentaron los homicidios, con 129.41 por ciento.
Usted nos dice que no se puede hacer nada para dar solución al problema de violencia intrafamiliar, comentó Laura Baqueiro, al sostener que “sabemos que siete de cada 15 mujeres sufren violencia”.
Molesta, Marcela Muñoz se escudó en su programa de Mujer Valiente, al asegurar que ahora sí hay policías que acuden en apoyo a las féminas víctimas de violencia. Y afirmó que las agentes sí van a las comunidades que la diputada seguramente ni siquiera conoce.
Baqueiro le reviró a la guanajuatense. Le indicó que sí ha recorrido las comunidades del Estado, pero no pudo concluir su intervención, pues le apagaron el micrófono, lo que el diputado Héctor Malavé consideró como un error, pues no se debe callar la voz de los legisladores.
Sin embargo, el coordinador de la bancada morenista, el veracruzano Alejandro Gómez Cazarín, saltaba como mono cilindrero desde su curul exigiendo a la diputada Baqueiro que se callara. Al final ya no le concedieron la réplica a la priísta.
No entregan resultados
El coordinador de la bancada priísta, Ricardo Miguel Medina Farfán, acusó a Marcela Muñoz y al fiscal Renato Sales de no dar resultados, por lo que en sentido estricto deberían renunciar. Por ejemplo, retiraron la vigilancia a Jamile Moguel Coyoc y pareja, y en seguida sufrieron el ataque de un sicario.
“Es evidente, como en violencia intrafamiliar si comparamos con 2022, creció 20 por ciento. Eso significa que los programas Código Zazil y Mujer Valiente simplemente no funcionaron, y el robo, según las cifras de junio de 2022 a junio de 2023, creció 23 por ciento, mientras que el homicidio doloso aumentó 44 por ciento, sin decir que el año pasado fue el más alto en los últimos cinco, producto de la guerra entre narcomenudistas del crimen organizado”, señaló Medina Farfán.
Estos han sido los peores resultados en los últimos años en la entidad. Pero no sólo eso, sino que se sigue sin tener una adecuada estrategia en materia de seguridad en la entidad.
Además, cuestionó el mal uso de los recursos de investigación, en torno a casos vinculados con temas políticos, los cuales dijo violentan todas las normativas jurídicas e incluso la presunción de inocencia, por lo que para rematar, los convocó a que si no pueden dar resultados, replanteen en mantenerse al frente de sus encargos.
Muñoz Martínez se envolvió en excusas y justificaciones. Aseguró que Campeche es el segundo Estado más seguro del país, y que no se puede hacer nada más, porque no cuenta con presupuesto más alto, como Yucatán, y se quejó que recibió una Secretaría con patrullas, equipamiento y armamento para policías en mal estado.
En cuanto a las quejas de policías por la falta de apoyo con alimentos, reconoció que es una problemática que no ha logrado resolver, y que ahora tratan de cumplirles con el pago de un apoyo en cheque mensual extra a su salario de dos mil 700 pesos.
Del aumento de la violencia familiar, insistió que el alcoholismo es su principal causante, pues el paso siguiente es el consumo de enervantes y estupefacientes, y derivado de ello la violencia intrafamiliar o incluso otros delitos.
Sobre el aumento de robos a los centros escolares, lamentó que fueron ubicados los responsables, pero salieron libres. La policía —excusó— no puede ingresar a las escuelas, aunque las supervisan, por lo que recomendó que mejor contraten seguridad privada.
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