Consignados una coordinadora distrital de Morena y dos consejeros nacionales
La Fiscalía General del Estado de Campeche liberó antenoche a 33 vándalos que tomaron la madrugada del martes el edificio del Palacio Legislativo, donde causaron destrozos e intentaron apoderarse de documentos contables, y cinco más fueron puestos a disposición del juez de Control, donde hoy tendrán audiencia, y mientras se resuelve su situación jurídica se encuentran en el penal de San Francisco Kobén por los delitos de daños en propiedad ajena en pandilla y motín.
Entre los consignados al Cereso de San Francisco Kobén se encuentran activistas y consejeros de Morena, como Cynthia Valenzuela, coordinadora distrital en Ciudad del Carmen; Alfredo Velázquez, sobrino de la diputada Landy Velázquez May, y Uzziel Madera, asistente de la diputada Violeta Baños Rodríguez. Además Enrique López Alvarado y Gloria Notario, dos de los cuatro consejeros nacionales de Morena que corresponden a Carmen y que pertenecen al grupo político de Alejandro Gómez Cazarín.
De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 82/23-2024, la defensa de los cinco acusados solicitó ayer prórroga para el estudio de la investigación. La autoridad jurisdiccional estará definiendo la situación jurídica de los acusados en las próximas horas.
Entre tanto, los otros 33 asegurados —entre hombres y mujeres— fueron liberados y abandonaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) por la noche del pasado miércoles.
Entre los 33 liberados se encuentra el sujeto al que le fue quitada la custodia ministerial cuando se encontraba en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”. También se incluye la adolescente asegurada en flagrancia, cuando elementos de la Policía Estatal (PE) ingresaron a las instalaciones del Congreso para retener a los presuntos agresores.
El aseguramiento ocurrió minutos después de la una con 40 minutos del martes pasado, cuando 38 personas encabezadas por las legisladoras locales morenistas Idali Sosa Huchín, Landy María Velázquez May y Violeta Baños, irrumpieron en el Congreso, donde se encontraban laborando otros legisladores morenistas. Los presuntos agresores lograron ingresar tras confrontarse con tres agentes de la Policía Estatal (PE) y romper una puerta de vidrio.
Presuntamente causaron destrozos y amagaron a sus compañeros legisladores que estaban en el interior, hasta que llegaron casi un centenar de elementos de la PE, incluyendo mujeres policías.
A pesar de ser aseguradas en flagrancia y no contar con fuero, las tres legisladoras fueron puestas en libertad por órdenes de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez. Las diputadas no fueron puestas a disposición del Ministerio Público, como ocurrió con las otras 38 personas.
Pena por hasta 14 años
De dos a 14 años de prisión podrían ser sentenciado los tres hombres y las dos mujeres que fueron puestos a disposición del juez de Control el miércoles primero de noviembre, por el amotinamiento y los daños causados el martes pasado a las instalaciones del Palacio Legislativo.
Los cinco judicializados enfrentan cargos por motín y daños en propiedad ajena en pandilla. No hay alguna imputación por la supuesta arma de fuego que les encontraron en una mochila.
Fuentes no oficiales indicaron que no se dio parte al personal de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El fiscal general del Estado de Campeche (Fgecam), Renato Sales Heredia, confirmó en breve entrevista que los detenidos enfrentan cargos por motín, daños en propiedad ajena en pandilla y algunos de ellos por lesiones. En contraparte, los cargos integrados en la carpeta judicial 82/23-2024, solamente hace referencia a dos ilícitos: motín y daños en propiedad ajena en pandilla.
La penalidad por los dos cargos va de los dos años con seis meses a los 14 años de prisión, en caso de que los acusados sean vinculados a proceso y finalmente encontrados culpables en juicio oral.
Si pudieran llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y el representante legal del Congreso del Estado, podría llevarse a cabo el Procedimiento Abreviado (PA) para que se declararan culpables de los cargos. De esta manera podrían obtener la reducción de su condena, una pena mínima la cual será acordada entre las partes.
Hay que hacer mención que al ser delitos patrimoniales, en caso de que sean vinculados a proceso, los acusados podrían enfrentar las investigaciones judiciales en libertad salvo la justificación que pudiera presentar la autoridad ministerial para enviarlos a prisión.
La penalidad por cada uno de los ilícitos se encuentra en el Código Penal del Estado de Campeche (CPE), en los artículos 215 por daños en propiedad ajena, 281 y 293 en pandilla, y 378 por motín.
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