Tribuna Campeche

Diario Independiente

Fijan obstáculos a las candidaturas

Inaceptables violentadores y deudores alimentarios

La reforma “3 de 3” es constitucional y se tiene que aplicar en este proceso electoral, para que ningún violentador sexual, deudor alimentario y quienes hayan incurrido en violencia política en razón de género, sean postulados como candidatos o nombrados como servidores públicos, reiteró la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Lirio Guadalupe Suárez Améndola.
El INE y el IEEC, al tener los lineamientos con los supuestos y postulados de la reforma contra la violencia hacia las mujeres, tiene que aplicarlos. No hay forma de que un agresor pueda tener cargo público ni acceder a candidatura, insistió.
Suárez Améndola no quiso entrar en polémica respecto a la propuesta de Morena para incluir en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado que ciudadanos campechanos pierdan sus derechos políticos y prerrogativas para no ser registrados como candidatos, al señalar que es un tema que se debe analizar debido a que una cosa es el derecho a votar y otra a ser votado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha expuesto que la presunción de inocencia siempre prevalece. Además México enfrenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este asunto, subrayó.
Se negó a opinar si la iniciativa de Morena es incongruente, debido a que una persona que ha sido vinculada a proceso y se encuentra prófuga y sin haber recibido sentencia, no puede ser votada. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que a las ciudadanos que lo enfrentan desde las cárceles y no cuentan con sentencia firme, se les debe garantizar el derecho a votar. Incluso el INE elabora el protocolo para instalar casillas especiales en los centros penitenciarios.
Todos los ciudadanos tenemos las prerrogativas de votar y ser votados, es un derecho y una obligación, son dos cosas diferentes. El derecho es ser votado, la obligación está en votar. Una cosa es el voto en prisión preventiva y el otro no poder ser candidato por pérdida de derechos, explicó.

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