Exige Medina Farfán que TEPJF obligue a Layda a acatar la ley

No cumple su juramento de respetar la Constitución, reprocha

La gobernadora Layda Elena Sansores San Román desafía a las autoridades electorales al violentar recurrentemente las leyes, a pesar de las sanciones que le ha impuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), condenó el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Ricardo Miguel Medina Farfán.

Y sentenció que no puede quedar en invitaciones amables o llamadas de atención, por lo que se tienen que tomar medidas más drásticas para obligarla a cumplir la ley.

Sobre la nueva sanción que la Sala Especializada del órgano jurisdiccional electoral federal impuso a la mandataria emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por utilizar su show del Martes del Jaguar para atacar a sus adversarios utilizando recursos públicos, el legislador priísta manifestó que es grave que una autoridad viole la ley, cualquiera que ésta sea y por el motivo que sea.

No obstante, asentó que es todavía más grave que se convierta en una actitud recurrente, como ha hecho la titular del Ejecutivo Estatal, ya que retrata total desprecio a la ley, falta de respeto a ésta y a las autoridades, pues lo primero que juramentó y a lo que se comprometió, fue a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

“Si en su primer juramento no cumple con lo básico, que es respetar la ley, entonces es muy poco lo que podemos esperar de una autoridad. Y ya cuando se trata de una acción reincidente, es un claro desafío a lo que representa la ley”, arremetió.

En ese sentido, el líder de la bancada del tricolor en la LXIV Legislatura local consideró que las autoridades, en este caso el TEPJF, tendrán que valorarlo, porque si hay incumplimiento de las leyes por parte de Sansores San Román y es reincidente, no puede quedar simple y sencillamente en llamadas de atención, exhorto o invitación amable, sino que debe tomar otras medidas.

“Cuando un ciudadano comete una falta, deja de pagar un impuesto o comete una infracción, le quitan el coche, por ejemplo, o le aplican multas y recargos. La autoridad es muy estricta, pero cuando son las propias autoridades a las que toca juzgar, parece que fueran otras medidas. Lo que parece, de entrada, es que no tiene ningún interés en apegarse a un estricto cumplimiento de la ley, y eso no puede ser admitido, es grave”, concluyó.