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Más poderío, dinero e impunidad para el ejército

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MÉXICO, DF.— Los principales responsables de la seguridad en el país no están dispuestos a acotar el fuero de guerra, ni a que las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante el Congreso. El Ejército lo quiere todo, menos adecuarse a un control civil. Ésa será la tendencia del sexenio de Peña Nieto, según se desprende de sus nuevos objetivos declarados.

La duplicación de recursos está por verse: El Presidente busca un Ejército más fuerte y protegido y está dispuesto a concederle más espacios; incluso, permitir que participe en operaciones internacionales de pacificación. No obstante, el aumento presupuestario requerido es altísimo. De concretarse, la Sedena recibiría el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar el sexenio.

Por lo pronto, el mandatario mantendrá al Ejército en actividades de seguridad pública. Además, ya le abrió la puerta para que “gestione” que la Dirección General de Aeronáutica Civil —que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes—, sea evaluada por la Sedena.

El Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2013-2018 (PSDN), que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, hace un diagnóstico negativo de las condiciones en que se encuentran el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Considera que trabajan con equipo obsoleto y propone una mayor infraestructura, renovar el armamento individual (con la producción de 121 mil fusiles automáticos FX-05 calibre 5.56 mm), el parque vehicular, e incrementar la inteligencia militar para tener más incidencia en las actividades de protección interna.

El PSDN está vigente desde el pasado 13 de diciembre, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con el aval de Peña Nieto y Cienfuegos.

Contrario al discurso presidencial, que ha prometido retirar a los militares de las calles, el primer mandatario y el jefe de la Sedena prevén una mayor intervención de tropas en esa área.

Según el PSDN, el Ejército adecuará su división territorial y su despliegue operativo “acorde con las exigencias de seguridad y prioridades de orden interno” y para atender situaciones “que alteren la paz pública”. También anuncia operaciones coordinadas con otras fuerzas federales “en puntos neurálgicos del país”, que no precisa.

Asimismo, busca el reclutamiento de más soldados —el documento tampoco especifica la cantidad buscada—, adquirir tres mil 67 vehículos terrestres (entre los que destacan los vehículos tácticos blindados DN-XI), 172 aeronaves y tres sistemas aéreos no tripulados (drones) para una mayor movilidad de las tropas, a las que pretende capacitar y hacer “más flexibles” en sus diversas funciones.

En el PSDN se lee que “la problemática actual del país demanda contar con mayor presencia de tropas en el territorio nacional para continuar realizando diversas operaciones, prestar ayuda a la población civil en caso de desastre y continuar coadyuvando con las autoridades civiles en seguridad pública” y en la protección de instalaciones estratégicas.

 

Amplia puerta legal

Lo primero que el presidente y el general secretario buscan darle al Ejército, es el marco jurídico que el ex presidente Felipe Calderón no pudo construirle, a fin de normar su combate cotidiano al narcotráfico (que considera un “desafío coyuntural”). De acuerdo con el programa sexenal, la Presidencia y la Sedena promoverán la creación de una Ley de Seguridad Interior y una Ley de Defensa Nacional, “para dar certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas” y otras instancias del Estado involucradas en la lucha contra la delincuencia.

Pese a que el Ejército perdió ante la Policía Federal la pugna por liderar la Gendarmería Nacional —organización propuesta por Peña Nieto para retirar a las Fuerzas Armadas de las calles—, el PSDN plantea mantener a los soldados en labores de seguridad pública. Paralelamente y como ha sucedido desde hace lustros, reza el programa, se mantendrá el apoyo a los cuerpos policiales, “en tanto concluye su proceso de consolidación y reestructuración”.

El plan conserva también los operativos conjuntos con la Marina, iniciados en el gobierno de Vicente Fox e intensificados con Calderón, “integrando componentes terrestres, aéreos o anfibios tendientes a contener y reducir los índices de violencia”. Especifica que el Ejército se desplegará en “puestos militares de seguridad fijos y estratégicos, basados en líneas de contención”.

A diferencia de lo ocurrido en el sexenio pasado, cuando las operaciones carecieron de coordinación, establece la realización de “juntas de los estados mayores de la Defensa Nacional, Aéreo y General de la Armada”. También menciona, sin mayor especificidad, que junto con la FAM y la Marina, el Ejército “actualizará” el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. Sólo menciona que esas tres fuerzas crearán una “comisión interinstitucional” para realizar estudios sobre doctrina, adiestramiento e investigación y desarrollo conjuntos.

En su diagnóstico, el Ejército se queja de una de las consecuencias de la guerra contra las drogas de Calderón: “Debido al incremento de los niveles de violencia generalizada en algunas partes del país, motivada por la presencia de grupos delictivos, en los últimos años se empeñaron de forma permanente la mayor cantidad de unidades operativas en tareas de apoyo a las autoridades responsables en materia de seguridad pública”.

Eso ocasionó que se interrumpiera cierto tipo de adiestramiento: el especializado en defensa exterior y el de carácter social, “focalizándose (…) la instrucción a unidades de nivel de pelotón, sección y compañía o escuadrón”, y concentrado en tareas de seguridad interior, particularmente en zonas urbanas.

Esta administración, delinea el texto, se propone adiestrar a las unidades en materia de derechos humanos, particularmente en las características del uso legítimo de la fuerza. También impartirá entrenamiento de reacción urbana.

Precisa que “se mantendrá un despliegue promedio de 30 mil efectivos de forma permanente” y que para contener la violencia realizará durante todo el sexenio 36 operaciones, seis por año. Además, emprenderá operativos de erradicación de enervantes “con mayores medios tecnológicos”.

Cada año, abunda, el Gobierno organizará una maniobra para proteger la frontera con Guatemala y Belice, “a fin de mantener el control de mercancías y flujos migratorios, así como inhibir las actividades de organizaciones criminales y el tráfico de drogas y armas”.

En el ámbito externo, marcado por la relación con Estados Unidos, el Presidente y el general secretario prevén que los soldados participen con organismos internacionales de seguridad “para prevenir y neutralizar acciones violentas”.

El programa le impone más obligaciones humanitarias al Ejército. Por primera vez, el Gobierno proyecta en un plan militar, que la Sedena asista “a actividades internacionales relacionadas con las operaciones de paz, para estudiar la posible participación”. De concretarse, el Ejército mexicano se involucraría en operaciones de restablecimiento de la paz con los cascos azules de Naciones Unidas, lo que nunca ha ocurrido.

 

Dinero a las armas

En el diagnóstico se asegura que el gasto de Defensa en México es uno de los más bajos en el mundo (.5% del PIB), mientras que el de América Latina promedia 1.31%.

Asienta que, en años recientes, la Sedena destinó sus haberes principalmente a gasto corriente, pese a lo cual los montos ni siquiera han sido los mínimos indispensables para la operación del Ejército y la FAM.

Peña Nieto le promete al general secretario la duplicación de los recursos económicos: “La previsión del presupuesto de la Sedena, para que sea congruente a las necesidades de modernización de la institución, requiere tener un crecimiento sostenido y gradual, para que al término de la administración se logre alcanzar una relación de uno por ciento respecto al PIB”.

Es una meta muy ambiciosa y difícil de alcanzar, sostiene Victoria Unzueta, asesora en seguridad de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Anota que durante el sexenio pasado, el Ejército pasó de administrar 34 mil 713 millones de pesos a 55 mil 611, un aumento de poco más de 20 mil millones en seis años.

El presupuesto autorizado para la Gendarmería Nacional es de cuatro mil 500 millones de pesos, observa la especialista. Comparando, a la Sedena se le dieron 300 mil pesos al año por cada uno de sus 206 mil elementos, mientras que a cada uno de los cinco mil agentes de la Gendarmería corresponderían 900 mil pesos en el mismo periodo.

Peor aún, detalla Uzueta: La reforma energética estableció en sus artículos transitorios, que sólo 4% de los ingresos petroleros se quedará en la Federación y el resto irá a los estados. “Peña Nieto prometió demasiado al general Cienfuegos”.

 

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Turín, Italia, considera que una Ley de Seguridad Interior y un mayor despliegue de fuerzas, pueden implicar un endurecimiento de las acciones del Ejército.

El PSDN también oficializa la oposición castrense a una reforma del Código de Justicia Militar. Rechaza ir más allá de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, realizada por el Ejército, en Guerrero, en 1974, durante la llamada “guerra sucia”.

La CIDH estableció que los tribunales militares no pueden juzgar casos en los que haya civiles involucrados. Sin embargo, en el Senado aún está pendiente la reforma al Código de Justicia Militar (CJM), que se aplica desde 1937.

El Ejército no quiere ir más allá de esos criterios y Peña Nieto lo respalda. En el PSDN insisten en que el fuero castrense “no implica prebenda o privilegio alguno” y que los tribunales militares sólo actúan por delitos cometidos por soldados en actos del servicio.

Durante el sexenio pasado Calderón propuso una reforma al CJM, que confirmaría que los juzgados castrenses pueden analizar los homicidios de civiles.

Jorge Carrasco Araizaga

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