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Veracruz: Sin paz, sin orden, sin ley

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XALAPA, VER.— Gregorio “Goyo” Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos de Coatzacoalcos, Liberal del Sur y Notisur, es el décimo periodista asesinado en los 38 meses que lleva al frente del Gobierno de Veracruz el priísta Javier Duarte de Ochoa, cuya administración se ha mostrado incapaz de enfrentar la violencia que envuelve a la entidad.

Semanas atrás se efectuaron tres protestas del Colectivo por La Paz, dos en Xalapa y una en el puerto de Veracruz. Además, luego del secuestro y ejecución de Jiménez de la Cruz, el gremio periodístico veracruzano encabezó marchas de repudio contra el gobierno de Duarte, su aparato de seguridad y su sistema de procuración de justicia, durante siete días consecutivos.

En Coatzacoalcos tuvieron lugar las protestas más airadas, pero en la capital estatal el rechazo fue más puntual: el miércoles 12 en la entrada principal del Palacio de Gobierno se colocó una cartulina que exigía “renuncia Bermúdez, renuncia Amadeo, renuncia Gina, renuncia Duarte, renuncia Macías, renuncia Namiko. Renuncien, renuncien”.

Se aludía al titular de la SSP, Arturo Bermúdez; al procurador Amadeo Flores; a la vocera del gobernador, Gina Domínguez; al propio mandatario; al diputado y empresario periodístico, Eduardo Sánchez Macías —quien les aseguró a los reporteros que Goyo había sido rescatado con vida—, y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Periodistas, Namiko Matsumoto, cuya oficina es un elefante blanco que le cuesta al erario 20 millones de pesos al año.

Ese mismo día, en la red social Twitter, la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte se convirtió en tendencia dominante entre periodistas, tanto locales como del país entero, y aún de Latinoamérica.

La versión de la PGJ asevera que el homicidio fue producto de una venganza por diferencias personales con Teresa de Jesús Hernández, dueña de un bar, y quien según la dependencia pagó 20 mil pesos a cinco sicarios para secuestrar, asesinar y luego sepultar a Jiménez de la Cruz en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.

Amnistía Internacional condenó el asesinato e hizo un llamado a que se haga una investigación pronta e imparcial, a fin de determinar si el crimen fue consecuencia del trabajo periodístico de Goyo.

Por su parte, la organización Artículo 19 consideró “inaceptable”, que el gobierno de Duarte descarte el trabajo periodístico de Jiménez de la Cruz como “posible móvil” del homicidio.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también lamentó el crimen: “el fatal desenlace trae una vez más el luto a Veracruz. Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra los comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades”, apuntó la institución en un comunicado.

Medios del mundo —como el periódico español El País, el estadunidense The Washington Post, y las páginas Cosecha Roja (de la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica) y Periodistas de a Pie—, dieron seguimiento al caso de Jiménez y condenaron la impunidad que impera en Veracruz, lo cual deriva en nulas garantías al ejercicio periodístico.

 

CLAMÓ POR SU FAMILIA

Conmocionados aún por el asesinato, amigos de Gregorio Jiménez sueltan un rosario de adjetivos para dibujarlo: “Era risueño, humilde, honesto, trabajador, solidario… sus notas siempre le daban voz a los más jodidos”.

Un reportero de Coatzacoalcos comenta, horas antes de asistir al sepelio de Goyo: “¿Ya viste las fotos de su casa? ¡Vivía en el pantano! Él rellenó ahí para hacer su casita. No tiene ni piso (la vivienda), siempre fue muy sencillo, lo recuerdo trepado en su moto, con una cangurera donde guardaba sus cosas de trabajo. Vivía siempre preocupado por sus hijos”.

A Jiménez de la Cruz lo levantó un comando el miércoles 5. Un día después fue asesinado y el martes 11 fuerzas federales y estatales hallaron su cuerpo enterrado en una fosa clandestina.

“Fue interceptado por una camioneta cuando volvía de llevar a su hija a la escuela. Bajaron cinco personas, preguntaron si era la casa del fotógrafo. ‘No se metan con mi familia’, pidió Goyo. Ya sabía lo que le esperaba”, han narrado una y otra vez sus amigos.

El resto de la historia corrió a cargo de la PGJ. En la investigación ministerial 4/058/2014 concluyó que Jiménez de la Cruz fue asesinado por mantener “diferencias personales y familiares” con Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña de un bar. Cuatro de los cinco sicarios que según la PGJ lo mataron ya están detenidos: José Luis Márquez Hernández (líder de la célula criminal), Santiago González, Jesús Antonio Pérez Herrera y Gerardo Contreras Hernández.

Para la procuraduría estatal el homicidio del periodista no tuvo relación con las publicaciones que hacía en Notisur y Liberal del Sur. Sin embargo —dicen sus amigos— el secuestro de Ernesto Ruiz Guillén, “El Cometierra”, a finales de enero, fue reporteado y publicado por Gregorio, cuyo cadáver apareció en la fosa junto al del Cometierra y al de otra persona no identificada.

Las diferencias con la dueña del bar eran reales, cuentan a este semanario sus colegas, y agregan que Jiménez había documentado y publicado que ese lugar funcionaba también como casa de seguridad para retener a migrantes centroamericanos. La región de Coatzacoalcos y Las Choapas —más de 400 kilómetros al sur de Xalapa—, se destaca por el flujo constante de migrantes centroamericanos y la presencia de grupos criminales como Los Zetas y escisiones de la Mara Salvatrucha.

Un dato más: el Diario de Acayucan —que circula en el sur del Estado— publicó el jueves 13 que Gerardo Contreras Hernández, uno de los detenidos por su presunta participación en homicidio, había sido detenido en abril de 2012 por formar parte de una célula Zeta en el sur de Veracruz. Esa vez fue acusado junto con el jefe de sicarios de Los Zetas, Marcos Jesús Hernández Rodríguez, “El Chilango”, y el jefe de plaza, Romero Domínguez Vélez, “El Chaparro”, por la tortura y ejecución de cuatro marinos cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en la carretera Actopan-Xalapa.

Dos días después de su detención, José Luis Márquez y Jesús Antonio Pérez, presuntos implicados en el homicidio, se quejaron desde la rejilla de prácticas del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Coatzacoalcos, de haber sido golpeados y torturados por policías ministeriales “para que estamparan” sus firmas en las confesiones.

En el desaseo de la investigación ministerial tampoco quedó claro cómo salieron los sicarios en una camioneta y llevando a Goyo. La congregación Villa Allende tiene tres salidas: una es hacia Coatzacoalcos, por lancha; otra es un camino ejidal hacia Las Choapas, que implica un viaje de una hora —tiempo suficiente para que reaccionaran el Mando Único o las fuerzas federales del programa Veracruz Seguro—, y por último la carretera federal a Coatzacoalcos, donde hay filtros y retenes de seguridad pública y fuerzas federales.

Con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, el gobierno de Duarte acumula la vergonzante cifra de 10 periodistas asesinados: Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz, de Notiver; Regina Martínez, corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez, de Diario AZ, y Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio.

Además, la PGJ aún tiene abiertas tres averiguaciones previas por las desapariciones de Gabriel Fonseca, del Diario de Acayucan; Sergio Landa, del Diario de Cardel, y Miguel Morales Estrada, reportero independiente de Poza Rica.

 

ZONA DE RIESGO

En Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, ha habido más de 26 desapariciones forzadas de habitantes de ese municipio y de otros de la región.

El pasado 15 de enero vecinos de la zona habían reportado la existencia de dos fosas clandestinas. La PGJ lo negó, pese a que familiares de los desaparecidos abarrotaron la sede regional de la Procuraduría para saber si entre los cuerpos estaban los de sus allegados.

“Sí hay cuerpos. Tenemos una pila de cadáveres, pero son de un accidente automovilístico”, contestó vía telefónica, de mala gana, el asistente de Miguel Palacios, encargado de Servicios Periciales en la región.

Una docente de Cosamaloapan le comenta a Proceso: “Se han ido muchos alumnos míos por la inseguridad. En otros casos tengo niños que van mal y sus papás los justifican diciendo que es porque tienen secuestrada a una tía, a un primo, a un familiar cercano. Cosamaloapan tiene mucho rato que está mal. En la noche no ves prácticamente a nadie, parece pueblo fantasma. La gente que tenía dinero, comerciantes o políticos, ya no vive aquí”.

Apenas en octubre pasado Alberto Jiménez Rivera, ex candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Cosamaloapan, fue acribillado por un comando. En un evento aparte, su hermano José, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, fue levantado y sigue desaparecido.

El pasado 26 de enero, más de 600 personas marcharon vestidas de blanco por la ciudad para hacer una protesta pacífica y silenciosa, para exigir que aparezcan sus familiares.

Un caso más: Mary Molina, de 19 años, hija del ex presidente municipal de Carlos A. Carrillo, Enrique Molina Ríos, fue encontrada muerta el 14 de enero en una fosa clandestina, pese a que su familia había pagado un rescate de 300 mil pesos.

También de Cosamaloapan, Giovanni Palmero Arciga —sobrino del ex diputado federal Diego Palmeros— está desaparecido desde el 26 de enero. La investigación ministerial 98/2014/1eraBR/V radicada en el Ministerio Público de Boca del Río consigna que fue levantado al salir de la discoteca “La Cantinita”.

Noé Zavaleta

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