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Francia: La justicia lo acorrala

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MÉXICO, DF.— Dos años después de haber entregado Nicolas Sarkoz el poder, el pasado miércoles 2, las jueces Patricia Simon y Claire­Thépaut, de la Unidad Financiera del Tribunal de Gran Instancia de París, acusaron a Sarkozy de los delitos de “corrupción activa”, “tráfico de influencias” y “violación del secreto jurídico”. Tales imputaciones forman parte de una investigación que las jueces iniciaron el pasado 26 de febrero.

Simon y Thépaut sospechan que Sarkozy organizó una red de informantes en las más altas esferas de la justicia y de la policía, a fin de que le filtraran los avances de las investigaciones en las que se encuentra implicado.

 

“PAUL BISMUTH”

La publicación en línea Mediapart, difundió en abril y mayo de 2012 dos documentos que revelaban la presunta aportación de 50 millones de euros del régimen libio de Muamar Gadafi, a la campaña de Sarkozy en 2007.

La revelación sacudió a la opinión pública francesa, que siguió con interés el desarrollo de este escándalo, el cual implicó sobornos e involucró a un intermediario franco-libanés, al ex tesorero de Gadafi, a sociedades ficticias en Panamá, a personalidades cercanas a Sarkozy y por encima de todos al “hiperpresidente” que dirigió Francia entre 2007 y 2012.

Como consecuencia del caso conocido como “el financiamiento libio”, los jueces SergeTournaire y René Grouman iniciaron el 19 de abril de 2013 una investigación por “corrupción” contra Sarkozy. Ordenaron la intercepción de los teléfonos celulares de varias personas cercanas al ex presidente, entre ellos Michel Gaudin, ex procurador de Justicia de París.

Muchas de las grabaciones de dichas intercepciones telefónicas fueron filtradas a la prensa, sobre todo a Le Monde y Mediapart. Esto hizo que los colaboradores de Sarkozy en la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido conservador, denunciaran una maquinación política.

Según una grabación divulgada por Le Monde, Gaudin llamó el 20 de junio de 2013 a Patrick Calvar, jefe de la Dirección Central de Inteligencia Interna. Le dijo que según sus informaciones, esa Dirección había interrogado ese día al ex intérprete de Gadafi, Moftah Missuri, quien habría revelado lo dicho por el dictador: que pagó “una veintena de millones de dólares”.

Gaudin dijo a Calvar lo que pensaba Sarkozy de las declaraciones de Missuri: eran inventos para obtener documentos migratorios que le permitieran quedarse en el país. Las afirmaciones del ex intérprete eran “totalmente falsas”, aseguró.

“Bueno. Pero ¿es leal ése?”, preguntó Sarkozy a Gaudin al día siguiente, ante la ausencia de información de Calvar.

Entonces, según Le Monde, el propio Sarkozy llamó a Calvar para escuchar directamente de él el curso que seguía la investigación.

A raíz de este acontecimiento, el 3 de septiembre de 2013 los jueces decidieron intervenir el celular de Sarkozy. En sus conversaciones telefónicas éste mantenía un tono lacónico y no dejaba entrever que fuera el organizador de la red de informantes sobre las investigaciones en su contra.

Entonces los jueces descubrieron que su abogado y viejo amigo, Thierry Herzog, había abierto una línea telefónica con un nombre falso: Paul Bismuth. Sarkozy utilizó esta línea para comunicarse con su apoderado legal sin intercepción alguna.

De acuerdo con las grabaciones de esas conversaciones —las cuales fueron publicadas por Mediapart—, el pasado 1 de febrero el ex presidente le pidió a su abogado “llamar a su corresponsal” en la policía para verificar si ésta preparaba un registro en sus oficinas, lo que provocó la sospecha de la existencia de un informador en esa institución.

Al interceptar las conversaciones exclusivas entre Sarkozy y su abogado, los jueces notaron que los dos hombres manejaban información muy precisa sobre los avances de otra investigación que involucraba al ex presidente: el caso Bettencourt.

En ese momento la justicia sospechaba que Sarkozy había abusado de la senilidad de Liliane Bettencourt —dueña de L’Oreal y la mujer más rica de Francia—, con el propósito de que ella financiara su campaña presidencial de 2007. Si bien Sarkozy fue inculpado el 21 de marzo de 2013 por “abuso de debilidad”, obtuvo un sobreseimiento el 7 de octubre de ese año.

Durante las conversaciones telefónicas que los jueces captaron entre Sarkozy y Herzog surgió el nombre del “amigo Gilbert”. Se referían a Gilbert Azibert, abogado general en la Corte de Casación, que tenía acceso al intranet del órgano jurídico y mantenía al tanto a Herzog de los avances del caso Bettencourt. Herzog a su vez transmitía la información a Sarkozy.

 

AGENDAS

En enero pasado, la Corte de Casación tenía en sus manos las agendas de Sarkozy. El ex presidente exigía su devolución, pues afirmaba que su confiscación había sido ilegal.

Si bien el ex presidente había salido exculpado del caso Bettencourt, quería recuperar a toda costa sus agendas. Al tenerlas en su posesión, los jueces de la Corte de Casación las podían utilizar como evidencias en las demás investigaciones que involucraban a Sarkozy. Una ellas era el asunto Tapie.

El millonario Bernard Tapie, dueño del grupo que lleva su nombre, fue director de la marca de deportes Adidas a inicios de los noventa. En 1993, entonces ministro, Tapie decidió vender Adidas. Encargó al banco público, el Crédit Lyon Nais, realizar la venta. Pero los directivos de la institución financiera fraccionaron las acciones de Adidas en sus filiales off shore y las revendieron a un precio exorbitante. Obtuvieron enormes ganancias, al tiempo que llevaban a la quiebra al grupo del empresario.

Tapie demandó al banco en 1995. El caso se prolongó hasta finales de 2007, cuando la ministra de Economía de Sarkozy, Christine Lagarde —ahora directora del Fondo Monetario Internacional—, propuso recurrir a un arbitraje para resolver el contencioso.

El 7 de julio de 2008 el arbitraje obligó al Estado, dueño del banco en el momento de la estafa, a pagar al empresario 403 millones de euros, 45 millones de ellos por “daño moral”.

La justicia inició una investigación e inculpó a varios funcionarios y jueces —entre ellos a Lagarde y Tapie—, por “estafa en banda organizada”.

En las agendas que Sarkozy quería recuperar en enero pasado aparecían varios encuentros que el entonces presidente sostuvo con Tapie antes y durante el periodo del arbitraje.

 

“STASI”

El objetivo de Sarkozy al exigirle a la Corte de Casación la devolución de sus agendas era simple: al admitir que su confiscación fue ilegal, la corte no las podría volver a utilizar en ningún proceso judicial. El ex presidente eliminaría así una pieza incómoda. Por ello, intentó influir en la decisión que al respecto tomaría dicha corte utilizando al “amigo” Gilbert.

Y en efecto, Gilbert “chambeó” dentro de la corte a favor del ex presidente, como dijo Herzog a Sarkozy durante una conversación el pasado 29 de enero, cuya grabación hizo pública Mediapart.

El pasado 11 de marzo la institución judicial negó a Sarkozy la devolución de sus agendas.

Pero las escuchas telefónicas convencieron a los jueces de que Sarkozy utilizaba sus contactos en la justicia y la policía para tratar de influir en los procesos judiciales en los que ha estado involucrado. Iniciaron una investigación el pasado 26 de febrero por “tráfico de influencias”.

Al descubrir que la línea de su celular “no oficial” había sido intervenida, Sarkozy escribió el pasado 21 de marzo, en una columna publicada por el periódico de derecha Le Figaro, que la justicia utiliza los mismos métodos de la Stasi, la policía política de Alemania Oriental.

En todos los asuntos jurídicos que involucraron a Sarkozy, los cuadros de la UMP que le son fieles denunciaron un “acoso judicial”, dirigido por el Partido Socialista a través de “jueces rojos”, pues el ex mandatario se prepara para regresar a la política.

Desde su derrota electoral en mayo de 2012, el ex presidente se convirtió en abogado para empresas privadas, a las cuales asesora en asuntos financieros y de negocios.

Ejerce como miembro del Consejo Constitucional (su estatus de ex presidente le otorga un mandato vitalicio), y ofrece conferencias en el mundo remuneradas, con más de 150 mil euros la media hora.

En la entrevista televisiva del pasado miércoles 2, advirtió que “nada me detendrá en mi deseo de venganza”.

Según Le Monde, Sarkozy trató de volver a unir a la derecha francesa alrededor del “empeño” de la justicia en su contra.

En cuanto a su regreso a la dirección de la UMP, que sufrió violentas divisiones desde su retiro del mundo político en 2012, Sarkozy afirmó que lo decidirá a finales de agosto.

“No soy un hombre que abandona ante las villanías y las manipulaciones políticas”, afirmó.

Sin embargo, un sector de la UMP se muestra reacio a aceptar el regreso del “hiperpresidente”, pues nuevas investigaciones amenazan con estallar en su cara en cualquier momento.

La justicia también investiga “las encuestas del Eliseo”.

Durante el mandato de Sarkozy, el palacio presidencial firmó contratos con la empresa Publifact —propiedad de su asesor Patrick Buisson—, así como con ocho institutos de encuestas públicas, sin licitación pública. La policía parisina inició una averiguación por “favoritismo”, “desvío de fondos públicos” y “complicidad y recelo”.

En total, según Le Monde, siete procesos judiciales involucran de manera directa o indirecta a Sarkozy.

Mathieu Tourliere

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