Tribuna Campeche

Diario Independiente

Expediente parte 2 del 20/07/2014

EL SOMBRERO AJENO

Poco o casi nada tiene qué presumir el diputado perredista José Enrique Ismael Canul Canul en la obtención del amparo para que la pareja conformada por María José Estrada Muñoz y por Faride Zulema Can puedan consumar su boda por el Registro Civil, pero paradójicamente ha sido el primero en andar saludando, como siempre, con sombrero ajeno.

De entrada, José Enrique Ismael, conocido en sus años mozos como “El Zurdo”, cuando quiso ingresar al deporte de las orejas de coliflor, debería andar con una bolsa de papel en la cabeza, pues “gracias” a su iniciativa para regular las famosas “leyes de convivencia”, lo que se logró fue que ese tipo de uniones se hiciera en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, donde se inscriben propiedades y cosas, y no en el Registro Civil, donde se asientan las uniones entre dos personas.

La aprobación de esa ley le valió a todo el Poder Legislativo la condena de las agrupaciones defensoras de los derechos humanos, y sería la base para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara en contra de ese ordenamiento, a todas luces discriminatorio.

Lo peor es que Canul Canul nada hizo para impugnar su iniciativa, y mucho menos se negó a ser ridiculizado de manera pública durante la sesión en que fue aprobada y en donde, si hubiera tenido una pizca de amor propio, habría pedido que por lo menos se pospusiera su discusión y análisis, para adecuarla a requerimientos internacionales.

Permitió que aprobaran su iniciativa como lo dictaminaron las comisiones de análisis.

Así, lo evidenciaron como el impulsor de una ley aberrante y tema de burla a nivel nacional.

En este contexto, ¿tiene razón el diputado Canul de atribuirse el logro del amparo dado a la pareja que desea legalizar su unión?

¿Por qué esperar hasta ahora, para proponer la reforma al Código Civil, a fin de derogar el requisito de que sólo se podrán casar por el registro Civil “un hombre y una mujer” y no simplemente dos personas, independientemente de sus condiciones de género?

Lo malo es que la presidenta de la Comunidad Lésbico Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual y Travesti, Alejandra Ruiz Sierra ya había dado a conocer  días antes del anuncio de Canul, que la reforma al Código Civil ya se estaba analizando seriamente en el Congreso, y que no habría más oposición desde las esferas gubernamentales para que consumen las bodas gay, siempre que sigan con el mismo procedimiento que Faride Sulema y María José, ya que nuestras leyes locales aún no contemplan la unión entre personas del mismo sexo.

Aún más, una integrante de esa comunidad LGBTT increpó al diputado Canul durante la conferencia de prensa en que se esmeraba en saludar con sombrero ajeno, para reclamarle que pretenda partidizar una lucha que a esa comunidad le había llevado varios años.

 

REFORMAS, PARA PRODUCIR FERTILIZANTES

Dos dedos de frente son suficientes para entender que el fertilizante es de los insumos fundamentales para mejorar la productividad de los cultivos, y en el caso del maíz, uno de los alimentos tradicionales de los mexicanos, de cuya existencia o carencia depende la intranquilidad o tranquilidad social en las comunidades rurales.

Por ello, los campesinos se esfuerzan por adquirir ese insumo, al tiempo que las autoridades del campo, federales y estatales —y en el último lustro las municipales— suman recursos y acciones para apoyarlos para que su costo impacte lo menos posible en sus economías.

Así, se cuenta con esquemas de financiamiento, de manera que el costo de cada saco del agroquímico por lo general se divide en tres partes, que aportan el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y los productores. Es decir, el desembolso del campesino se reduce a una tercera parte del total, y aún así en muchos casos los de menos ingresos no tienen capacidad para pagarlo.

A pesar de que el fertilizante es esencial para obtener la mayor productividad agrícola, luego de varias décadas en que los gobiernos de los tiempos post revolucionarios se esforzaron por mantener vigente y creciente todo un andamiaje institucional de apoyo al campo y a los productores, las administraciones neoliberales, atendiendo dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se dieron a la tarea de desmantelar, sin el menor rubor, toda esa infraestructura. Por ello hoy el agroquímico es escaso y, desde luego, caro.

Así, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari paulatinamente desaparecieron dependencias que apuntalaban el campo, que se aceleró en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León con la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que Raúl, el hermano del primero, había convertido en nido de corrupción oficial.

La Conasupo no sólo garantizaba a las familias de comunidades rurales, y de buena parte de las urbanas, la oferta de alimentos básicos a costos más bajos, sino que era garante de mercado para la producción rural, y regulaba los precios de garantía.

También desaparecieron instituciones como la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (Anagsa), Almacenes Nacionales  de Depósito (Andsa), el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), victimas de incontables fraudes como el de Tumbo de la Montaña, aquí en Campeche, a través del cual Salomón Azar y Cruz Manuel Alfaro, secundados por una cáfila de bandidos, cobraron millones de pesos por hectáreas de arroz que primero cosecharon y luego siniestraron, con lo cual vendieron dos veces.

El estudio de Infoaserca la fabricación de fertilizantes en México señala que a partir de 1997, comenzó el cierre de plantas y se redujeron las operaciones de la industria de estos insumos agrícolas. Así, se llegó a niveles mínimos en la producción de fertilizantes, con promedio de 739 mil 495 toneladas entre 2002 y 2006.

A partir de 2007 se reporta una tendencia creciente en la fabricación del agroquímico, alcanzando 2.0 millones de toneladas en 2010, cuando reportó un incremento anual de 9.9 por ciento”.

La recuperación del mercado global se dio, luego de la contracción registrada en la producción y el consumo de fertilizantes durante la crisis mundial que se registró en los dos años anteriores, esa tendencia continúa hasta hoy, pero en el caso de nuestro país, al no haber suficiente fabricación, el agroquímico se tiene que importar, por ejemplo, de lugares tan remotos como Ucrania.

Al mismo tiempo, se estima que continuará la tendencia a la alza de los precios del insumo, por lo que una opción tiene que ser incrementar la fabricación de fertilizantes en México, con miras a reducir la importación que resulta bastante cara, incrementa los costos de producción agrícola e impacta negativamente en el bolsillo de los productores.

Y es de considerarse que entre las bondades que entraña la reforma energética, está la de impulsar la producción nacional de fertilizantes. Las reformas energética y al campo son urgentes para el desarrollo del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad, por lo que se espera que en septiembre próximo se apruebe la primera y entre a debate la segunda, para la cual ya se efectuaron 18 foros de consulta en todo el país, uno de ellos en Campeche.

En junta con la cúpula de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) adelantó al líder Gerardo Sánchez que próximamente comenzará a operar en Coatzacoalcos, Veracruz, una planta productora de fertilizantes, lo que es de esperarse que ayude a bajar los precios del insumo que actualmente se importa de Ucrania. Por supuesto, se desea que así sea, a fin de que los campesinos y los gobiernos tengan una mejor oportunidad de conjuntar fondos y acciones con miras a incrementar la productividad del campo.

 

CNC, POR SECRETARÍA DE PESCA

A inicios de esta semana la dirigenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, afiliada a la CNC, Sonia Jaqueline Cuevas Kantún, mencionó que una de las propuestas para la reforma al campo es separar la atención gubernamental federal de los sectores campo y pesca, lo que parece no sólo adecuado sino necesario, pues aunque se trata de dos actividades productivas primarias, no hay duda de que los problemas que enfrentan son diferentes y una y otra requieren inversiones y programas específicos para su desarrollo y consolidación.

La propuesta tiene como objetivo “…que la atención a cada sector sea más integral, porque en la actualidad –la- Sagarpa ve ganadería, agricultura y pesca, y con las tres trata de quedar bien, pero no se logra, así que se ha pedido que haya una secretaría específica para la pesca”, argumentó la dirigenta. En efecto, la actividad pesquera ha sido algo así como el patito feo en el desarrollo de las políticas públicas federales, incluso desde los tiempos en que los tecnócratas aún no llegaban a ser parte de los gobiernos, varias décadas antes de que los contemporáneos acumuladores de títulos universitarios acuñaran ese pomposo término.

Por ejemplo, durante varios sexenios post revolucionarios priístas, la pesca apenas ameritó ser considerada dentro de una Comisión Nacional Consultiva de Pesca, en la presidencia del general Abelardo Rodríguez, y más tarde, a inicios de los 70’s, surgió la Subsecretaría de Pesca, para pasar a Departamento –del que fue su titular un carmelita, Fernando Rafful Miguel–, y luego, en el arranque de los 80´s, en secretaría.

Sin embargo, después la Secretaría de Pesca desapareció para que en 1994 la regulación de la actividad quedara en manos de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y más recientemente, al inicio del docenato del PAN en Los Pinos, se registró un nuevo cambio y el sector pasó a ser parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), como se mantiene también durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto.

Como lo vimos particularmente durante la Presidencia panista del desempleo que encabezó Felipe Calderón Hinojosa, esa tan amplia gama de responsabilidad de la Sagarpa, para colmo fue encargada a Benjamín Azar, hermano del espía pelón y ex goberladrón de Campeche, Salomón, quien sin experiencia profesional ni de servicio público fue incapaz de sacar adelante a la pesca ni al campo, pero en cambio aprovechó por partida doble para hincarle el diente a los recursos públicos, siguiendo el desvergonzado ejemplo de su consanguíneo.

Por todo lo anterior, no hay duda de que lo mejor sería crear una secretaría que atienda específicamente las necesidades y demandas del sector pesquero del país, para que el Gobierno Federal pueda “quedar bien”, es decir cumplir eficiente y efectivamente con el campo y la pesca.

 

¿LA ECONOMÍA ESTÁ AL PAIRO?

A 24 días de rendir su V Informe, el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés entró de lleno a abordar el tema económico de su administración, es decir, a detallar las cifras y los indicadores que consideró más importantes, para concluir que está en crecimiento, y no en crisis. Por supuesto, eso generó de inmediato numerosos comentarios en las redes sociales de quienes están en desacuerdo, al considerar que ocurre y se siente lo contrario, y que la economía de la entidad está al menos estancada.

A diferencia del mandatario y sus colaboradores, quienes durante la exposición el pasado lunes de “La economía de Campeche, indicadores y metodología” apuntalaron sus aseveraciones con sus números, porcentajes, montos  comparativos, tablas estadísticas, etc., las apreciaciones de los internautas fueron diametralmente en sentido opuesto, aunque nadie aportó algún dato o información sólida para respaldar sus dichos.

Que en los últimos cuatro años, planteó el gobernador Ortega Bernés, el Estado de Campeche ha aportado 4.11 por ciento del Producto Interno Bruto, sin incluir la extracción de hidrocarburos ni construcciones relacionados con el petróleo —que en las últimas décadas ha significado la mayor cuota nacional que se saca del subsuelo de la Sonda, para comercializarla en dólares en el mercado extranjero, lo que constituye el principal pilar que sostiene la economía del país—.

Campeche presenta una franca tendencia de crecimiento, y si bien no tiene la economía de países petroleros como Noruega, tampoco está en crisis, ni destruida, sino que es fuerte y está en crecimiento, recalcó el mandatario, y enfatizó que Campeche tiene un panorama esperanzador en materia económica en los sectores agrícola –con la producción de maíz—, agroindustrial –con la caña de azúcar— y el turismo, que esperamos mejore, pues las expectativas, al menos para las vacaciones de verano, son halagadoras para el Gobierno y pesimistas para los hoteleros y los prestadores de servicios.

Luego ponderó la puesta en marcha de nuevos proyectos, como la apertura de campos de golf —con lo cual habrá más empleo para quienes se dedican a la jardinería—, una industria productora de ron relacionada con el Ingenio La Joya —como la que cerró hace 20 años su colaborador promotor de inversiones, el ex gobernador Salomón Azar García—, y tres nuevos hoteles en Ciudad del Carmen, entre otros.

Así inició el desfile de números y el catálogo de buenos deseos. Fue el titular de la Unidad de Inversión y Banco de Proyectos, Rodrigo León Olea, el encargado de ponerle el cascabel al gato, al calificar de mentira que Campeche tenga una aportación al Producto Interno Bruto de 760 mil millones de pesos, como reporta el Inegi, y aseguró también que tampoco es real que en los últimos ocho años —tres del gobierno de Jorge Carlos Hurtado Valdez y lo que va del de Ortega Bernés— la economía estatal esté en picada.

“Esos datos no corresponden a la realidad, porque las cifras las obtuvo —el Inegi— al contabilizar el valor de la extracción del petróleo y las construcciones relacionadas con la misma actividad”, puntualizó, y precisó que sin ambos rubros, Campeche aporta al PIB 134 mil 834 millones de pesos, es decir es la novena aportación estatal en importancia, y registra un crecimiento anual de 4.11 por ciento en su economía, aunque tampoco precisó de dónde sacó sus números.

La ola de buenas noticias la continuó la directora del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral estatal, Aída Amine Casanova Rosado, al asegurar que nuestra entidad registra la menor tasa de desocupación, con el 2.6 por ciento.

El “pragmático” secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Enrique Ariel Escalante Arceo, demostró que traga más pinole del que se le atribuye, al revirar con que el PIB sin petróleo, asciende a 126 mil 562 millones de pesos, de los cuales el 25 por ciento proviene de inversiones federales, estatales y municipales, y el 75 restante de empresarios y trabajadores. Entonces ¿por qué León Olea habla de 134 mil 834 millones de pesos, o sea una diferencia de ocho mil 272 millones de pesos?

No obstante, llama la atención que la información proporcionada por el mandatario y parte de su equipo de colaboradores, vaya en sentido contrario a la que posee y ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (Inegi).

Es necesario recordar que ese instituto es la entidad federal que, entre otras cosas, se encarga precisamente de realizar periódicamente encuestas de todo tipo, para procesarlas e interpretarlas, y dar un puntual seguimiento a los indicadores económicos, laborales, sociales, sectoriales, etc., a fin de saber si se avanza, se rezaga o se estanca algún sector. Labor que se complementa, por ejemplo, con las de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y analistas del sector privado del país y la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es tan fundamental y reconocido el trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática a lo largo y ancho del país, y tan amplios y variados los rubros que corresponden a su jurisdicción de funciones y atribuciones, que sus cifras, y no otras, son las que el Gobierno Federal toma en cuenta, por ejemplo, a la hora de las asignaciones presupuestales de cada año, sea que se trate del Presupuesto de Egresos de la Federación, de participaciones o de dineros de fondos por y para actividades y rubros específicos.

También, los números, porcentajes y fórmulas de la institución son las que la Federación toma en cuenta a la hora de planear los ingresos vía la recaudación fiscal, las estimaciones del precio internacional del barril de petróleo, etc.

Por todo ello,  el hecho de que los datos que integran el estudio “La economía de Campeche, indicadores y metodología”, del Gobierno del Estado, no sólo sean diferentes a los que maneja el Inegi, sino que uno y otro de plano vayan en sentidos contrapuestos, nos trae de manera espontánea una interrogante: ¿va a tener algún o ningún impacto presupuestal el próximo año, el hecho de que los gobiernos Federal y el Estatal posean cifras distintas sobre la economía de la entidad?

Lo ignoramos, pero el coordinador estatal del Inegi, Jaime Lasseri del Sordo, salió de inmediato al paso de las versiones que se contraponen con sus cifras, precisamente al día siguiente, en que conminó a analizar sus encuestas, que están validadas y siguen una metodología internacional. Es un indicador de coyuntura, advirtió, y desglosó áreas y cifras. Entonces, ¿qué análisis debemos creer?